Informe sobre la Libertad de Religión Internacional en 2018: Cuba
21 de junio de 2019
RESUMEN EJECUTIVO
La constitución establece la libertad de conciencia y de religión y prohíbe la discriminación basada en profesión religiosa; sin embargo, el Partido Comunista de Cuba, a través de su Oficina de Asuntos Religiosos, y del Ministerio de Justicia del gobierno, mantuvo el control sobre la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Los observadores expresaron que el gobierno continuó utilizando las amenazas, las restricciones de viajes dentro y fuera del país, las detenciones y la violencia contra algunos líderes religiosos y sus seguidores, y restringió los derechos de los presos a practicar libremente la religión. Los medios de comunicación y líderes religiosos manifestaron que el gobierno continuó el hostigamiento y la detención de miembros de grupos religiosos que abogaban por una mayor libertad religiosa y política, incluyendo a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, al activista por los derechos cristianos, Mitzael Díaz Paseiro, y a su esposa y también activista cristiana Ariadna López Roque, y al coordinador regional del Instituto Patmos, Leonardo Rodríguez Alonso. En marzo, el gobierno inscribió a la Nueva Iglesia Apostólica, que no tiene una conexión con las iglesias apostólicas conocidas dentro del Movimiento Apostólico. Sin embargo, la Oficina de Asuntos Religiosos y el Ministerio de Justicia han utilizado la ley sobre asociaciones para negar la inscripción oficial a ciertos grupos religiosos, como por ejemplo varias iglesias apostólicas, o no respondieron a las solicitudes que han estado pendientes durante mucho tiempo, como las de los Testigos de Jehová y las de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muchos grupos religiosos expresaron que la falta de inscripción les obstaculiza su capacidad para practicar su religión. Una coalición de iglesias evangélicas protestantes, iglesias apostólicas y la iglesia católica romana ejercieron presiones para hacer reformas al proyecto de la constitución referidas a la inscripción de grupos religiosos, la propiedad de bienes por la iglesia y la construcción de nuevas iglesias. El 24 de octubre, el Consejo de Iglesias de Cuba emitió una declaración pidiendo que la Constitución fortaleciera la protección a las actividades religiosas. En septiembre, los grupos protestantes firmaron un documento en el que se opusieron a la eliminación de la libertad de conciencia del proyecto de constitución y pidieron que se restablecieran los derechos individuales y colectivos para manifestar la religión individual de cada uno y sus creencias en privado y en público. La organización de defensa de los derechos humanos Solidaridad Cristiana Mundial (CSW), informó que el hostigamiento de los líderes religiosos por parte del gobierno aumentó “significativamente en paralelo” a las declaraciones por parte de las iglesias en la discusión del proyecto de constitución. Según la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, algunos grupos religiosos manifestaron que el gobierno aumentó su escrutinio de las solicitudes de visas para las visitas de trabajadores religiosos extranjeros. Algunos grupos religiosos informaron de un aumento en la capacidad de sus miembros para llevar a cabo proyectos caritativos y educativos. Según el grupo de defensa religiosa Echo Cuba y la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, el gobierno dio preferencia a algunos grupos religiosos y discriminó a otros. Durante el año, la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús se convirtió en la primera iglesia católica construida en Cuba desde la revolución de 1959. Fue la primera de tres parroquias católicas que serán construidas, y la primera iglesia católica en construirse en Sandino, una remota localidad en la provincia más occidental del país.
La Comunidad de San Egidio celebró nuevamente una reunión interreligiosa bajo el nombre “Puentes de la Paz”, del 12 al 14 de octubre en La Habana, para promover el compromiso interreligioso, la tolerancia y los esfuerzos conjuntos por la paz. Líderes de diferentes grupos religiosos en el país y participantes de 25 países asistieron a la reunión.
Los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos continuaron reuniéndose con funcionarios del gobierno, y expresaron su preocupación por la incapacidad de las iglesias no inscritas de lograr su inscripción legal y obtener el estado oficial que esta inscripción otorga. La embajada se reunió regularmente con las autoridades de la Iglesia Católica, los protestantes evangélicos y los representantes de la comunidad judía en relación con el estado de las actividades religiosas, económicas y políticas. Los funcionarios de la embajada también se reunieron con representantes de las comunidades musulmanas, de los Testigos de Jehová y otras comunidades protestantes. Los funcionarios de la embajada se reunieron con el Presidente del Consejo de Iglesias de Cuba (CCC), una organización inscrita por el gobierno con estrechos vínculos con éste, compuesta principalmente de grupos protestantes y asociada al Consejo Mundial de Iglesias para discutir sus operaciones y programas. La embajada mantuvo estrecho contacto con los grupos religiosos, facilitando intercambios entre delegaciones religiosas de visita y los grupos religiosos en el país. A través de las redes sociales y otras declaraciones públicas, el gobierno de los Estados Unidos continuó llamando al gobierno cubano a respetar las libertades fundamentales de sus ciudadanos, incluida la libertad de religión.
Sección I. Demografía religiosa.
El gobierno de los Estados Unidos estima que la población total es de 11.1 millones (estimado de julio de 2018). No existe una fuente independiente o autorizada que indique el total o la composición de los grupos religiosos. La Iglesia Católica estima que del 60 al 70 por ciento de la población se identifica como católica. La membresía en las iglesias protestantes se estima en el 5 por ciento de la población. Según algunos observadores, los pentecostales y los bautistas son probablemente las denominaciones protestantes más grandes. Las iglesias Asambleas de Dios (AG) reportan aproximadamente 150,000 miembros; las cuatro convenciones bautistas estiman su membresía combinada en más de 100,000.
Los Testigos de Jehová estiman que sus miembros son 96,000; los metodistas calculan 50,000; los Adventistas del Séptimo Día estiman tener más de 35,000 miembros; los anglicanos consideran 22,500; los presbiterianos 25,000; los episcopales calculan 6,000; los cuáqueros 1,000; los moravos 750 y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estima tener 150 miembros. Durante el año, la Iglesia Episcopal de Cuba fue readmitida como diócesis de la Iglesia Episcopal con sede en los Estados Unidos luego de haberse separado de esta en 1966, lo que puede ser una explicación del aumento de 300 miembros en 2017. Hay aproximadamente 4,000 seguidores de 50 iglesias apostólicas (una red no afiliada de las iglesias protestantes, también conocida como Movimiento Apostólico), y una Iglesia Nueva Apostólica asociada con la Iglesia Nueva Apostólica Internacional. Según algunos líderes cristianos, hay un marcado crecimiento de grupos evangélicos protestantes en el país. La comunidad judía estima que tiene 1,200 miembros, de los cuales 1,000 residen en La Habana. Según la Liga Islámica local, hay de 2,000 a 3,000 musulmanes, de los cuales aproximadamente 1,500 son nativos. Otros grupos religiosos con un pequeño número de adeptos son los ortodoxos griegos, los ortodoxos rusos, los budistas y los bahá’ís.
Muchas personas, particularmente aquellas de ascendencia africana, practican religiones con raíces en África Occidental y en la cuenca del río Congo, conocidas colectivamente como santería. Estas prácticas religiosas comúnmente se entremezclan con el catolicismo, y algunas requieren el bautismo católico para una iniciación completa, lo que dificulta la estimación precisa de su membresía total.
Sección II. Estatus del respeto gubernamental a la libertad religiosa
MARCO LEGAL
De acuerdo con la constitución, “el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad de conciencia y de religión” y “las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración en virtud de la ley.” La constitución prohíbe la discriminación sobre la base de la religión. Declara que el país es un estado laico y mantiene la separación de las instituciones religiosas y el estado. Sin embargo, la Constitución también sitúa al Partido Comunista por encima de la libertad religiosa como “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado.” Declara además que ninguna libertad podrá ejercerse en contra de los “objetivos del estado socialista” y un artículo del Código Penal criminaliza la objeción de conciencia.
El gobierno se subordina al Partido Comunista. El órgano partidista, la Oficina de Asuntos Religiosos trabaja en coordinación con el MINJUS y los servicios de seguridad para controlar la práctica religiosa en el país. La Oficina de Asuntos Religiosos regula las instituciones religiosas y la práctica de la religión. La ley de asociaciones requiere que todos los grupos religiosos soliciten su inscripción oficial ante el MINJUS. El MINJUS registra las denominaciones religiosas como asociaciones, de manera similar al registro oficial de las organizaciones de la sociedad civil. El proceso de solicitud requiere que los grupos religiosos identifiquen la ubicación de sus actividades, a quienes proponen como líderes y sus fuentes de financiamiento, entre otros requisitos. Entre las razones que pueden causar la denegación de la inscripción se incluyen determinaciones del MINJUS de que otro grupo tiene objetivos idénticos o similares, o que las actividades del grupo podrían dañar el bien común. Si el MINJUS concede el registro oficial, el grupo religioso tiene que solicitar un permiso a la Oficina de Asuntos Religiosos cada vez que desea realizar alguna actividad, como celebrar reuniones en las ubicaciones aprobadas, publicar los acuerdos principales de las reuniones, recibir a visitantes extranjeros, importar literatura religiosa, comprar y operar vehículos de motor, así como construir, reparar o comprar los sitios de culto. Los grupos que no se inscriben enfrentan penalidades que van desde multas hasta el cierre de sus organizaciones.
La ley regula el registro de las “casas de culto” (residencias privadas utilizadas como lugar de culto). Según Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, la directiva establece que no pueden existir dos casas de culto de la misma denominación a menos de dos kilómetros (1.2 millas) de distancia entre sí, y las mismas tienen que proporcionar a las autoridades información detallada, incluyendo el número de fieles, fechas y horas de los servicios, así como los nombres y edades de todos los habitantes de la casa donde se ofrecen los servicios. La ley enuncia que, en caso de concederse la autorización, las autoridades supervisarán la operación de las reuniones, pudiendo suspender las mismas por el lapso de un año o más si consideran que no se cumplen los requisitos. Si un individuo registra una queja contra una iglesia, esta puede ser cerrada permanentemente y sus miembros pueden ser sometidos a prisión. Los extranjeros tienen que obtener un permiso antes de asistir a los servicios de una casa de culto y en algunas regiones, no pueden asistir a casas de culto. Cualquier violación resultará en multas y en el cierre de la casa de culto.
La Constitución establece que: “Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores, manuales e intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador”, pero no hace mención explícitamente a la asociación religiosa. La Constitución prohíbe la discriminación sobre la base de la religión. Sin embargo, en la práctica el gobierno no permite el ejercicio sin impedimentos de tales derechos.
El servicio militar es obligatorio para todos los varones, y no existen disposiciones legales que exoneren del servicio a los objetores de conciencia por motivos religiosos.
El país firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 2008, pero no lo ratificó. El gobierno hace notar que, “Respecto al ámbito y aplicación de algunos de estos instrumentos internacionales, Cuba formulará tales reservas o declaraciones interpretativas que considere apropiadas.”
PRACTICAS GUBERNAMENTALES
Muchos grupos religiosos relataron que a pesar de las disposiciones constitucionales que amparan la libertad de conciencia y religión y prohíben la discriminación sobre la base de la religión, el gobierno hizo uso de amenazas, detenciones y otras tácticas coercitivas con el fin de restringir las actividades de ciertos grupos y líderes religiosos, y aplicó la ley de manera arbitraria y caprichosa. A decir de un conocido activista pro derechos humanos, el activista por los derechos de los cristianos Mitzael Díaz Paseiro, en prisión desde noviembre de 2017, protagonizó una huelga de hambre en julio y agosto en demanda de sus derechos como prisionero político y en protesta por la represión y el acoso a su familia. Según Radio Televisión Martí, el 20 de septiembre la policía arrestó en Santa Clara a su esposa Ariadna López Roque, también activista política, por manifestarse públicamente en contra del gobierno demandando que respetara la libertad de conciencia en el proyecto de constitución, del cual quemó una copia. La policía la detuvo por cinco días. El 28 de noviembre de 2017, Díaz Paseiro fue sentenciado a 3 años y medio de prisión por “peligrosidad pre-delictiva”.
De acuerdo con Organización de Solidaridad Cristiana Mundial y otras fuentes, el 28 de febrero la policía arrestó y detuvo a Leonardo Rodríguez Alonso, un coordinador regional en Santa Clara para el Instituto Patmos, una organización dedicada a la defensa de la libertad religiosa. A decir de Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, la Unidad Provincial de Investigaciones en Santa Clara lo retuvo sin cargos y lo liberó el 2 de marzo. La Organización de Solidaridad Cristiana Mundial reportó que Rodríguez Alonso regresaba a su hogar en Santa Clara proveniente de la ciudad de Caibarién, donde se había encontrado con defensores de los derechos humanos para debatir cómo responder a una serie de violaciones a la libertad religiosa que afectan a iglesias apostólicas vagamente afiliadas y no registradas, en las zonas central y oriental del país. Rodríguez Alonso dijo que el oficial de policía Erik Francis Aquino Yera le notificó que el gobierno no le permitiría viajar a Ginebra para denunciar la falta de libertad religiosa en el país. Según la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, el Reverendo Mario Felix Lleonart Barroso, uno de los fundadores del Instituto Patmos, dijo que Aquino Yera le comentó a familiares de Rodríguez que el gobierno consideraba al Instituto Patmos como una organización contrarrevolucionaria.
Según el informe anual de la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, a finales de julio agentes de seguridad nacionales y locales amenazaron a un pastor con el desalojo y la prisión porque este había distribuido panfletos relacionados con la campaña gubernamental para adoptar una nueva constitución. Las autoridades habían denegado anteriormente al propio pastor el permiso de viajar al extranjero.
La policía continuó con sus repetidas agresiones físicas hacia las integrantes de las Damas de Blanco, una organización defensora de los derechos humanos, cuando se dirigían a misa, según informes de la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial y los servicios noticiosos agencia EFE, Martí Noticias y Diario de Cuba. Las integrantes del grupo normalmente asisten a misa y luego se reúnen para protestar contra los abusos del gobierno a los derechos humanos. A lo largo del año, Berta Soler Fernández, la líder del grupo, informó sobre los arrestos regulares y detenciones de corta duración de miembros de las Damas de Blanco cuando intentaban reunirse los domingos. La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) reportó 224 arrestos arbitrarios de individuos en septiembre, más de la mitad de ellos contra mujeres, mayormente miembros de las Damas de Blanco. De acuerdo con la CCDHRN, la policía arrestó brevemente a Berta Soler Fernández, la líder del grupo, el 30 de septiembre. La CCDHRN declaró además que la policía acosó y agredió físicamente a individuos que no fueron detenidos.
Según el informe anual de la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, los prisioneros, incluyendo los prisioneros políticos, reportaron que las autoridades les negaron el derecho a recibir visitas pastorales y el derecho a reunirse con otros prisioneros para alabar a Dios, rezar y estudiar. La Organización de Solidaridad Cristiana Mundial declaró que muchos de ellos también reportaron que las autoridades en repetidas ocasiones confiscaron biblias y otra literatura religiosa, en ocasiones como castigo y otras veces sin razón aparente. Según la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, las autoridades carcelarias le impidieron a Eduardo Cardet, quien ha sido identificado por Amnistía Internacional como “prisionero de conciencia” recibir visitas de un pastor y le confiscaron su biblia como castigo en varias ocasiones durante el año.
A decir de la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, las autoridades impidieron en febrero que el Pastor Bárbaro Guevara visitara a Ariadna López Roque en su hogar mientras esta se encontraba en huelga de hambre en protesta por la forma en que las autoridades trataban a su esposo Mitzael Díaz Paseiro.
A pesar del requerimiento legal de que todos los varones cumplan con el servicio militar, las autoridades permitieron que los objetores de conciencia prestaran un servicio alternativo.
Varios grupos religiosos, incluyendo los Testigos de Jehovah y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, continuaron a la espera de una decisión del MINJUS sobre las solicitudes de registro oficial pendientes, algunas desde fecha tan lejana como el 1994. Estos grupos reportaron que tuvieron que solicitar el permiso de las autoridades para llevar a cabo actividades religiosas, celebrar reuniones, recibir visitantes extranjeros, realizar obras de renovación sustanciales a sus sedes y enviar a sus representantes al extranjero. Declararon además que la Seguridad del Estado continuó monitoreando sus movimientos, llamadas telefónicas, visitantes y reuniones religiosas. Según la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, el pastor de la Iglesia Bautista Berea, Daniel Josué Pérez Naranjo, con sede en la provincia de Las Tunas, ha estado esperando por la reinscripción de su denominación desde que envió la solicitud en 1997.
A decir de representantes de varias organizaciones religiosas que no pudieron obtener el registro legal, el gobierno continuó interpretando la Ley de Asociaciones como un medio para que la Oficina de Asuntos Religiosos y el MINJUS rechazaran la inscripción de ciertos grupos religiosos. Si el MINJUS decidió que un grupo realizaba las mismas actividades o tenía los mismos objetivos de otro, la inscripción fue denegada y se recomendó a las iglesias apostólicas que se unieran a otras iglesias registradas. En algunos casos, el MINJUS retrasó la solicitud de registro o invocó a modificaciones legales como la razón para no aprobar la solicitud. Hacia finales del año, funcionarios del MINJUS notificaron a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que en virtud del proyecto de constitución debería ser posible su registro legal como una entidad religiosa reconocida, pero hasta el fin de año la inscripción no había tenido lugar.
De acuerdo con EchoCuba, la Oficina de Asuntos Religiosos aprobó algunas solicitudes de registro, pero el proceso tomó hasta dos y tres años desde la fecha de solicitud. Otras solicitudes no recibieron respuesta o fueron denegadas sin explicación, mientras que algunos grupos continuaron esperando hasta 25 años por una respuesta. EchoCuba dijo que las iglesias apostólicas recibieron repetidas denegaciones a sus intentos de registrarse, lo cual forzó a dichas iglesias a operar sin un estatus legal.
En octubre, líderes de las iglesias apostólicas, entre ellos Bernardo de Quesada, Alain Toledanos y Marco Antonio Perdomo, emitieron una declaración oficial a nombre de los grupos no registrados, sobre los cuales dijeron que son “discriminados en la práctica”, instando al gobierno a establecer un nuevo estatuto que defina y conceda formalmente el derecho a, y establezca los procedimientos para, la inscripción legal de las organizaciones religiosas por el MINJUS. La Oficina de Asuntos Religiosos y el MINJUS no anunciaron progreso alguno en la revisión de la Ley de Asociaciones, anunciada en agosto de 2017.
En marzo, la Nueva Iglesia Apostólica, no afiliada con ninguna de las muchas Iglesias apostólicas vagamente afiliadas, fue registrada ante el MINJUS.
Según el informe anual de la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, las autoridades continuaron basándose en dos resoluciones gubernamentales del año 2005 para imponer restricciones complicadas y restrictivas a las casas de culto. Los grupos religiosos dijeron que el gobierno aplicó estas leyes de manera arbitraria y en ocasiones hizo uso de estas para acosar a iglesias o grupos religiosos específicos.
A decir de miembros de denominaciones protestantes, algunos grupos podían aún registrar solo un pequeño porciento de casas de culto en viviendas privadas. Sin embargo, algunas casas de culto no registradas se mantenían operando con poca o ninguna interferencia gubernamental. De acuerdo con un informe de EchoCuba, varios líderes religiosos, particularmente de casas de culto o comunidades de santería pequeñas e independientes, expresaron preocupación de que el gobierno se mostraba menos tolerante hacia grupos basados en ubicaciones informales, tales como residencias privadas u otros sitios de reunión privados, para la práctica de sus creencias. Ellos dijeron que el gobierno los monitoreaba y en ocasiones, les impedía llevar a cabo reuniones religiosas en sus espacios. La Organización de Solidaridad Cristiana Mundial dijo que, en otros casos, el gobierno y funcionarios del Partido Comunista de Cuba acosaron a los líderes de las casas de culto y a los propietarios de las viviendas sede de las reuniones de la casa de culto. Muchos líderes de casas de culto también reportaron visitas frecuentes de agentes de la Seguridad del Estado o funcionarios del Partido Comunista de Cuba. Algunos reportaron que los agentes y funcionarios les advirtieron que la educación de sus hijos, o su propio empleo, estaban “en peligro” si los líderes de las casas de culto continuaban con sus actividades.
De acuerdo con la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, en marzo Bernardo de Quesada dijo que funcionarios del gobierno en Camagüey interrumpieron los estudios bíblicos celebrados en viviendas privadas e intentaron intimidar a los propietarios para que suspendieran sus actividades religiosas. De Quesada dijo que inspectores gubernamentales del Instituto de Planificación Física también intentaron irrumpir en la propiedad de su familia, donde se reúne su iglesia, mientras él se encontraba en el extranjero. El informe anual de la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial refiere que, en agosto, un funcionario del gobierno visitó varias casas de culto asociadas con un pastor en la región central de Cuba y presionó a los propietarios para que dejaran de usar sus hogares para actividades religiosas. El funcionario amenazó a una propietaria, de avanzada edad, con cargos criminales si se reunían en su vivienda más de 10 personas a la vez.
Según el informe anual de la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, en febrero dos funcionarios del MINJUS irrumpieron en una reunión de oración en una casa de culto no registrada e intentaron intimidar a los cerca de 50 participantes, mayormente adolescentes y niños. Al mismo tiempo, la policía estacionó tres patrullas afuera de la propiedad. Esa misma semana, agentes de la seguridad visitaron la propiedad, solicitaron documentos a los propietarios y los presionaron para detener la celebración de reuniones de oración en sus viviendas.
Según una ONG, en mayo un funcionario de la Dirección Provincial de Planificación Física entró en una finca para entregar una citación e investigar una iglesia que se reúne en la propiedad. Amenazó con demoler el edificio y prohibir que la iglesia se reuniera dentro de la propiedad. Según se informa, en octubre otro pastor fue multado y el funcionario amenazó con demoler su casa por realizar servicios religiosos en casa.
Según el informe anual de la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, los informes sobre el acoso a líderes religiosos aumentaron paralelamente a los pronunciamientos de las iglesias con respecto al proyecto de constitución. Una coalición de iglesias evangélicas protestantes, iglesias apostólicas y la Iglesia Católica continuaron solicitando que el gobierno – particularmente durante el proceso de consulta de la reforma constitucional – aprobara reformas para facilitar el registro de grupos religiosos, legalizar la propiedad de la iglesia por parte de ciertos grupos y permitir la construcción de nuevas iglesias. En septiembre, las Asambleas de Dios, la Iglesia Metodista, las Convenciones Bautistas del Occidente y del Oriente, la Liga Evangélica y otras iglesias protestantes pentecostales y evangélicas (que representan aproximadamente 405,000 miembros en total) entregaron una petición conjunta al gobierno titulada “Propuesta de modificaciones de algunos artículos del proyecto de Constitución”. La petición pedía el restablecimiento de la libertad de conciencia y de los derechos individuales y colectivos para manifestar las propias religiones y creencias tanto en privado como en público.
Las Asambleas de Dios informaron que la Oficina de Asuntos Religiosos se opuso a que las Asambleas de Dios recogieran firmas en apoyo a su campaña contra algunos aspectos del proyecto de constitución e informó que el gobierno presionó a los líderes y seguidores para que se abstuvieran de firmar la petición. Las Asambleas de Dios declararon que las autoridades le habían advertido que “la recogida de firmas estaba prohibida”. La Conferencia de Obispos Católicos (COC) no reportó ninguna reacción del gobierno a su carta sobre el proyecto de constitución emitida el 24 de octubre que hacía un llamado a los creyentes y los no creyentes a expresar sus opiniones políticas libremente durante el proceso de consulta nacional sobre la reforma constitucional.
Según el informe anual de la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, un líder religioso que había organizado un evento evangélico entre varias denominaciones huyó del país en febrero, después de amenazas de funcionarios de la Seguridad del Estado de acusarlo de “actuar en contra de la independencia o la integridad territorial del Estado”, lo cual conlleva una sentencia de 10 a 20 años de prisión en virtud del Código Penal.
Según el informe anual de la organización de la Solidaridad Cristiana Mundial, los líderes cristianos de todas las denominaciones manifestaron que había una escasez de biblias y de otra literatura religiosa, principalmente en las áreas rurales. Algunos líderes religiosos continuaron informando sobre los obstáculos del gobierno para impedirles la importación de materiales religiosos y artículos donados, así como las trabas burocráticas y las restricciones arbitrarias como las regulaciones inconsistentes establecidas en relación a las computadoras y los dispositivos electrónicos. En algunos casos, el gobierno retuvo los materiales religiosos o los bloqueó en su totalidad. No obstante, algunos grupos expresaron que continuaron importando grandes cantidades de biblias, libros, ropas y otros bienes donados. La Iglesia Católica y algunos representantes de grupos religiosos protestantes dijeron que continuaban manteniendo pequeñas bibliotecas, imprimiendo periódicos y otras informaciones y administrando sus propias páginas en Internet con poca o ninguna censura formal. La Iglesia Católica continuó publicando materiales periódicos y celebrando foros regulares en el Centro Varela en los que a veces se criticó las políticas sociales y económicas oficiales.
Al final del año, el gobierno no había accedido a las solicitudes públicas del Consejo de Iglesias de Cuba para permitir que la Iglesia Católica reabriera las escuelas religiosas y tuviera acceso abierto para sus transmisiones por radio y televisión. La Oficina de Asuntos Religiosos continuó permitiendo que el Consejo de Iglesias de Cuba sea el anfitrión de una transmisión de radio mensual de 20 minutos, que permite que los mensajes del Consejo de Iglesias se escuchen en todo el país. Ninguna otra iglesia tuvo acceso a los medios de comunicación masivos, que son todos de propiedad estatal. Varios líderes religiosos continuaron protestando contra las restricciones del gobierno a la difusión de servicios religiosos por radio o televisión.
Según el informe anual de la organización de la Solidaridad Cristiana Mundial, el gobierno continuó imponiendo severas restricciones a la construcción de nuevos edificios para las iglesias. Todas las solicitudes presentadas, incluso para reparaciones menores de edificios, debían ser aprobadas por la Oficina de Asuntos Religiosos, que otorgaba los permisos de acuerdo a su percepción del nivel de apoyo o cooperación con el gobierno de la asociación que presentaba una solicitud. Según un informe de EchoCuba, la dificultad en obtener la aprobación para construir nuevas iglesias, junto al hecho de que seguía siendo ilegal organizar actividades religiosas en edificios no inscritos para uso religioso, trajo consigo que muchas comunidades no disponían de un lugar legal de reunión para servicios religiosos. Según el informe, esta situación afectó particularmente a los fieles en las zonas rurales más remotas. Los miembros de la Asamblea de Dios informaron que el gobierno les impidió expandir sus lugares de culto, incluso la construcción de edificios. En su lugar, afirmaron, el gobierno los amenazó con desmantelar o expropiar algunas de sus iglesias porque estaban llevando a cabo servicios ilegales. La Iglesia Bautista de Berea, cuya solicitud de inscripción ha estado pendiente desde 1997, no ha podido reparar los edificios de las iglesias existentes porque, como grupo no inscrito, no puede solicitar los permisos necesarios.
Según fuentes de los medios de comunicación, la construcción de la Iglesia Católica del Sagrado Corazón de Jesús tuvo lugar en Sandino, Pinar del Río, siendo la primera nueva iglesia católica del país construida desde 1959. La iglesia fue una de las tres nuevas iglesias católicas que el gobierno autorizó como parte de su acuerdo con el Vaticano. La iglesia católica de San Lorenzo en Tampa, Florida, financió la construcción de la iglesia.
Según EchoCuba, el gobierno continuó aplicando su sistema de recompensar a las iglesias que fueron obedientes y simpatizaban con los “valores e ideales revolucionarios” y penalizar a los que no lo fuesen. De manera similar, el gobierno continuó recompensando a los líderes religiosos que cooperaron con el gobierno y amenazó con revocar los derechos a los líderes religiosos que no habían cooperado. EchoCuba informó que a cambio de su cooperación con el gobierno, los miembros del Consejo de Iglesias de Cuba continuaron recibiendo beneficios que los miembros de otras no siempre recibían, incluyendo los permisos de construcción, donaciones internacionales de ropa y medicamentos y visas de salida para que los pastores viajen al extranjero. EchoCuba dijo que las iglesias y denominaciones individuales o grupos religiosos también experimentaron diferentes niveles de consideración por parte del gobierno, según el liderazgo de esos grupos y su relación con el gobierno.
Según EchoCuba, el gobierno continuó singularizando a los grupos religiosos que critican al gobierno, como el no registrado Movimiento Apostólico, con una persecución particularmente severa, destruyendo sus iglesias, confiscando propiedades y prohibiendo los viajes de sus pastores. En contraste, el gobierno permitió que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también no inscrita, realizara sus actividades con poca intervención gubernamental porque esta Iglesia continuó manteniendo una relación cercana con el gobierno y no cuestionó las leyes del país. Algunos líderes religiosos dijeron que el gobierno continuó otorgando permisos para comprar propiedades para uso como casas-iglesias, aun cuando en algunos casos el titular de la propiedad no planeaba vivir allí. Otros grupos religiosos comunicaron que obtener permiso para la compra o construcción de nuevos edificios seguía siendo difícil, si no imposible.
Según el informe anual de la Organización de la Solidaridad Cristiana Mundial, quedaron sin resolverse varios casos de confiscación arbitraria de bienes de la iglesia, entre ellos, los terrenos propiedad de la Convención Bautista Occidental que el gobierno confiscó ilegalmente en 2012 y posteriormente entregó a dos empresas gubernamentales. Según el informe, muchos creían que el acto fue en represalia por la negativa de la Convención a aceptar varias demandas de la Oficina de Asuntos Religiosos para reestructurar su dirección interna y expulsar a varios pastores identificados por la Oficina de Asuntos Religiosos. Una denominación religiosa informó que el Instituto de la Vivienda no podía elaborar las escrituras de sus edificios, que se requerían para el proceso de reclamación de propiedades. Las autoridades de vivienda declararon que todos los documentos se habían perdido. La Iglesia Metodista de Cuba comunicó que seguía esforzándose para reclamar propiedades confiscadas por el gobierno, incluyendo un teatro adyacente a la Iglesia Metodista en Marianao, La Habana. Según el informe, la Iglesia Metodista presentó toda la documentación para recuperar el edificio y los funcionarios del gobierno les dijeron que el caso de la iglesia era válido. Sin embargo, el gobierno no tomó medida alguna al respecto durante el año.
El gobierno continuó impidiendo que los grupos religiosos establecieran escuelas acreditadas, pero no interfirió con los esfuerzos de algunos grupos religiosos para llevar a cabo seminarios, centros de capacitación interreligiosa, programas para antes y después de la escuela, programas para el cuidado de ancianos, retiros de fin de semana, talleres para alumnos de primaria y secundaria y programas de educación superior. La Iglesia Católica continuó ofreciendo cursos para obtener una licenciatura y una maestría a través de socios extranjeros. Varias comunidades protestantes continuaron ofreciendo licenciaturas o maestrías en teología, humanidades y otras materias relacionadas a través del aprendizaje a distancia, sin embargo, el gobierno no reconoció estos grados.
De acuerdo con el informe anual de Organización de la Solidaridad Cristiana Mundial algunos seminarios no acreditados, especialmente aquellos afiliados con denominaciones que no pertenecen a la Organización de la Solidaridad Cristiana Mundial y que no están inscritas, informaron sobre la interferencia del gobierno en sus actividades, incluidas las frecuentes amenazas de desalojo por parte de funcionarios del Instituto de la Vivienda y de otros inspectores gubernamentales, que a menudo fueron posteriormente seguidas con notificaciones de citas y multas onerosas. También dijeron que agentes de la Seguridad del Estado regularmente se hacían pasar por estudiantes para intentar infiltrarse en los seminarios.
Los líderes de los Testigos de Jehová continuaron manifestando que para ellos, los requisitos para la admisión a la universidad y al curso de estudio eran incompatibles con las creencias del grupo, ya que su religión les prohibía la participación política.
Algunos líderes religiosos dijeron que el gobierno continuaba restringiendo su capacidad de recibir donaciones del extranjero, alegando una regulación que prohibía a las iglesias y a grupos religiosos usar las cuentas bancarias de los individuos para sus organizaciones y exigiendo que las cuentas individuales se consolidaran en una cuenta por denominación u organización. Según se informa, resulto más fácil para las iglesias más grandes y más organizadas recibir grandes donaciones, mientras que las iglesias más pequeñas y menos formales continuaron enfrentando dificultades con los procedimientos bancarios.
El informe anual de la Organización de la Solidaridad Cristiana Mundial indicó que, según un experto legal cubano, las oficinas de inmigración hicieron de los viajeros religiosos y sus bienes un objetivo, informando a los servicios de inteligencia en el aeropuerto sobre sus viajes de entrada y salida. La Organización de la Solidaridad Cristiana Mundial declaró que el gobierno continuó impidiendo que algunos líderes religiosos y activistas viajaran, incluyendo el impedimento a un líder de la Iglesia Apostólica de salir para asistir a la Cumbre de las Américas en Perú en febrero. Según el informe anual de la Organización de la Solidaridad Cristiana Mundial, el gobierno impidió en los meses de marzo y septiembre que los líderes de la Asociación de Yoruba Libre Afrocubana viajaran fuera del país para asistir a un evento de libertad religiosa. En diciembre, el jefe de sector de la policía citó e interrogó a un pastor sobre su próximo viaje al extranjero. El pastor dijo que le permitieron viajar, pero a su regreso fue detenido durante cuatro horas por oficiales de seguridad para un interrogatorio donde le preguntaron en qué lugar se había quedado y qué contactos había sostenido en las iglesias en el extranjero.
De acuerdo con el informe anual de la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, la Oficina de Asuntos Religiosos y los funcionarios de inmigración continuaron reteniendo o negando las visas a visitantes religiosos extranjeros, en dependencia de la relación de la organización patrocinadora con el gobierno, y del aumento del escrutinio del gobierno a los líderes religiosos extranjeros visitantes. Grupos como las iglesias apostólicas no pudieron solicitar visas religiosas debido a que no tienen inscripción. Según la Organización de la Solidaridad Cristiana Mundial, la Oficina de Asuntos Religiosos retiró las visas a un pastor de los Estados Unidos y a su equipo para viajar a Cuba por invitación de los líderes de la iglesia Asamblea de Dios. De acuerdo con los líderes de la Asamblea de Dios, los funcionarios de la Oficina de Asuntos Religiosos informaron que habían revocado las visas porque el pastor de Estados Unidos “tiene acceso a los medios de comunicación, puede reunir multitudes de personas e influir en la opinión pública”. La Organización de la Solidaridad Cristiana Mundial también informó sobre dos casos relacionados con el hostigamiento a viajeros religiosos por parte de funcionarios de inmigración durante el mes de marzo. En uno de los casos, los funcionarios de inmigración citaron a un grupo de pastores de los Estados Unidos por haber visitado una “iglesia ilegal”. En el otro caso, misioneros canadienses fueron hostigados, citados por funcionarios de inmigración, y acusados de distribuir alimentos y medicamentos. El grupo también fue amenazado por visitar una “iglesia ilegal”. La Organización de la Solidaridad Cristiana Mundial declaró que algunos grupos religiosos, la mayoría miembros del Consejo de Iglesias de Cuba, informaron sobre pocos o ningún problema cuando invitaron a visitantes extranjeros o al viajar ellos al extranjero.
Según EchoCuba, las agencias gubernamentales regularmente se niegan a reconocer un cambio de residencia de los pastores y de otros líderes de la iglesia que hayan sido asignados a una nueva iglesia o parroquia. Existe un decreto que continúa imponiendo restricciones al movimiento y migración interna que dificulta, si no imposibilita, que los pastores y sus familias inscriban su nuevo lugar de residencia si son transferidos a una iglesia que perdió a su pastor por muerte o jubilación. Para lidiar incluso con los detalles burocráticos más pequeños, los pastores rechazaron el derecho de re-inscribirse, necesario para viajar, manteniéndose donde oficialmente estaban inscritos y enviar los documentos desde allí. Las restricciones legales para viajar dentro del país también limitaron el ministerio itinerante, un componente central de algunos grupos religiosos. Según EchoCuba, la aplicación del decreto a los grupos religiosos probablemente fue parte del patrón general de los esfuerzos del gobierno para controlar sus actividades. Algunos líderes religiosos dijeron que el decreto también se usaba para impedir que los líderes de la iglesia viajaran dentro del país para asistir a eventos especiales o reuniones. Los líderes de la iglesia asociados con las iglesias apostólicas regularmente informaron que se les impidió viajar, a veces a través de la detención a corto plazo, para asistir a eventos de la iglesia o llevar a cabo trabajos ministeriales.
Los grupos religiosos continuaron informando que el gobierno les permitió participar en programas de servicio comunitario y compartir sus creencias religiosas. Las operaciones caritativas internacionales basadas en la fe, como Caritas, San Egidio y el Ejército de Salvación, mantuvieron oficinas locales en La Habana. Caritas ayudó a reunir y distribuir ayuda de emergencia en situaciones de huracanes, proporcionando asistencia humanitaria a todas las personas, independientemente de sus creencias religiosas.
Algunos grupos religiosos informaron un aumento continuo en la capacidad de sus miembros de llevar a cabo proyectos caritativos y educativos, como realizar programas de servicio a la comunidad, programas para antes y después de la escuela, las ayudas en el cuidado de las personas mayores y el mantenimiento de pequeñas bibliotecas con materiales religiosos.
Según el informe anual de la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, los gobiernos locales, los funcionarios del Partido Comunista de Cuba y la policía, frecuentemente alentaron a las comunidades a hostigar a los líderes religiosos y a sus congregaciones. La Organización de Solidaridad Cristiana Mundial declaró que las autoridades en Sancti Spíritus autorizaron la celebración de fiestas ruidosas en las afueras de una iglesia y de la vivienda del pastor, y se negaron a impedir que los participantes acosaran a los miembros de la iglesia y dejaran de interrumpir los servicios.
En diciembre, un pastor informó que la Oficina de Asuntos Religiosos amenazó con demoler su iglesia y que los funcionarios comunistas locales visitaron a algunos miembros de la iglesia en sus hogares, advirtiéndoles que no participaran en actividades de la iglesia. Otro pastor reportó varios casos de drones volando en las afueras de su iglesia después de los servicios. El pastor expresó que creía que la vigilancia era un esfuerzo para intimidar a los miembros de su iglesia.
Según el informe anual de la Organización de Solidaridad Cristiana Mundial, un líder de la iglesia en la parte central del país fue amenazado en febrero después de colocar carteles frente a su iglesia anunciando un concierto cristiano que estaba organizando. La Organización de Solidaridad Cristiana Mundial declaró que autoridades del Ministerio de Justicia impidieron que el concierto se llevara a efecto.
Hubo informes de casos de hostigamiento e intimidación por parte del gobierno a los líderes de la iglesia que pidieron cambios en la propuesta de la constitución. En octubre, un núcleo local del Partido Comunista cubano convocó a varios pastores. Al entrar la funcionaria de la Oficina de Asuntos Religiosos a la sala, esta acusó los públicamente de ser “pastores mercenarios” que recibieron fondos de organizaciones antigubernamentales, calificando este comportamiento como un acto de traición contra el Estado cubano. Uno de los pastores dijo que creía que las acusaciones se debían a su participación en la campaña nacional que pedía más libertad religiosa en la nueva constitución. En otro caso durante el mismo mes, se informó que un pastor que organizó una reunión con otros líderes de la iglesia para discutir los cambios a la constitución junto a su familia, recibió amenazas de muerte del gobierno y se le mantuvo bajo vigilancia.
En noviembre, la Oficina de Asuntos Religiosos supuestamente citó a un pastor y le dijo que sus viajes fuera del país habían sido monitoreados y que existía preocupación de que grupos externos estaban “manipulando” a los pastores en Cuba. Un funcionario de la Oficina de Asuntos Religiosos le dijo que debía apoyar el borrador de constitución e instruir a su congregación a votar “sí” en el referéndum. El pastor dijo que la Oficina de Asuntos Religiosos lo amenazó con la expulsión de su denominación, la denegación de permisos para su iglesia y el traslado a otra parte del país. En diciembre, un pastor dijo que los autobuses que usaban las iglesias involucradas en el debate constitucional fueron confiscados y que los conductores fueron detenidos y amenazados con el encarcelamiento debido a su relación con estas iglesias.
El informe anual del Instituto Patmos menciona varios casos en que la policía local se negó a investigar o incluso a elaborar informes de amenazas y hostigamientos contra judíos. Según Patmos, en diciembre las autoridades expulsaron a un grupo judío de un hospital durante una ceremonia posterior a una circuncisión. El grupo tuvo que abandonar el hospital a pesar de que los niños todavía necesitaban atención médica. En otro caso, la policía interrumpió una ceremonia judía, ingresó a la propiedad sin una orden judicial y con perros de la policía y hostigó a miembros de la congregación. Los oficiales de policía dijeron que estaban investigando una denuncia de robo, pero ningún miembro de la congregación había denunciado robo alguno.
Sección III. Estado del respeto social a la libertad religiosa
La Comunidad de San Egidio, reconocida por la Iglesia Católica como una “asociación laica pública de la Iglesia”, celebró nuevamente una reunión interreligiosa bajo el nombre “Puentes de la Paz”, del 12 al 14 de octubre en La Habana, para promover el compromiso interreligioso, la tolerancia y los esfuerzos conjuntos hacia la paz. Líderes de diferentes grupos religiosos en el país y participantes de 25 países asistieron a la reunión, que se centró en la importancia de la convivencia interreligiosa pacífica.
Sección IV. Política y compromiso del gobierno de los Estados Unidos
Los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos continuaron reuniéndose con los funcionarios de la Oficina de Asuntos Religiosos y expresaron sus inquietudes sobre la posibilidad de las iglesias no inscritas de poder obtener el estatus oficial y practicar su religión. Los funcionarios de la oficina manifestaron su interés en sostener un mayor vínculo con los grupos religiosos de los Estados Unidos y sus contrapartes en el gobierno. En declaraciones a través de las redes sociales y públicamente, el gobierno de los Estados Unidos continuó llamando al gobierno a respetar las libertades fundamentales de sus ciudadanos, incluida la libertad de religión y de expresión.
Los funcionarios de la embajada se reunieron con el Presidente del Consejo de Iglesias de Cuba y analizaron las preocupaciones que tienen las iglesias que no están inscritas por alcanzar un estatus oficial.
Los funcionarios de la embajada continuaron reuniéndose con una diversidad de grupos religiosos, incluyendo los protestantes, los judíos, los Testigos de Jehová, los musulmanes y los católicos, para analizar los principales problemas de la libertad religiosa y de tolerancia que afectan a cada grupo, entre estos, la libertad de reunión, la expansión de la iglesia, el acceso a los medios de comunicación bajo el control estatal y sus capacidades para abrir escuelas religiosas privadas. El compromiso de la embajada con grupos religiosos más pequeños que están bajo la presión del gobierno fue menos frecuente que en 2017, debido a la reducción de personal de la embajada.
El compromiso de la embajada incluyó crear facilidades para intercambios entre delegaciones religiosas de visita con grupos religiosos, e incluso entre representantes de visita de organizaciones religiosas de los Estados Unidos de California, Georgia, Kentucky, Luisiana, Carolina del Norte y Carolina del Sur, entre otros estados, y las instituciones locales. Los grupos a menudo discutieron los desafíos de la vida cotidiana en el país, incluyendo la obtención de permisos gubernamentales para determinadas actividades, y éxitos alcanzados tales como los lazos más estrechos entre las iglesias cubanas y estadounidenses y un aumento en los viajes de ida y vuelta entre las congregaciones cubanas y las estadounidenses.
