(TRADUCCION NO OFICIAL)
Informe 2019 sobre Trata de Personas: Cuba
CUBA: Grado 3
El gobierno de Cuba no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata, y no está haciendo esfuerzos significativos en dicha dirección; por tanto, Cuba ha sido rebajada de categoría a Grado 3. A pesar de no haber realizado esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunos pasos para enfrentar la trata, incluyendo la persecución de traficantes sexuales y de un traficante de personas, y encarceló a turistas sexuales involucrados en la trata sexual infantil. No obstante, el gobierno no tomó medidas para enfrentar el trabajo bajo coacción en el programa de misiones médicas en el extranjero, a pesar de las persistentes denuncias de que funcionarios cubanos amenazaron y coaccionaron a algunos participantes para que permanecieran en el programa. El gobierno no criminalizó todas las formas de explotación laboral o sexual para niños de 16 y 17 años. El gobierno carece de procedimientos para identificar proactivamente a víctimas de trabajos forzados, no posee un paquete de servicios integrales que incluya alojamiento y protección física, y detuvo o acusó a potenciales víctimas de la trata sexual por delitos que sus traficantes les forzaron a cometer.
RECOMENDACIONES PRIORIZADAS
Implementar políticas para prohibir el trabajo forzado, el fraude o la coerción por parte de reclutadores de fuerza laboral extranjera y empresas pertenecientes o controladas por el Estado, incluyendo misiones médicas en el extranjero que reclutan o retienen empleados. • Redactar y promulgar una ley integral contra la trata, que prohíba e imponga términos significativos de prisión para todas las formas de trata de personas, incluyendo el trabajo forzado, trata sexual de niños de 16 y 17 años, y el rango completo de “actos” de trata (reclutar, transportar, trasladar, albergar o recibir personas) • Investigar y sancionar enérgicamente delitos de trata sexual y de trabajo forzado. • Implementar políticas y procedimientos formales para la identificación de todas las víctimas de la trata de personas y su remisión a los servicios apropiados, así como entrenar oficiales, incluyendo equipos de respuesta rápida, en su uso. • Identificar de forma proactiva a las víctimas de la trata, incluidas aquellas de poblaciones vulnerables. • Adoptar políticas y programas que ofrezcan asistencia especializada y específica para hombres y mujeres víctimas de la trata. • Asegurar que los participantes en programas de misiones médicas en el extranjero retengan control de sus pasaportes. • Detectar a individuos acusados o detenidos por delitos relacionados con la prostitución por tráfico sexual y remitir a las víctimas a proveedores de cuidado. • Educar a todos los trabajadores cubanos sobre los indicadores relacionados con la trata de personas y dónde reportar las violaciones asociadas a la trata. • Establecer un Comité Inter-Ministerial Permanente contra la Trata e implementar el Plan Nacional de Acción contra la Trata 2017-2020 en colaboración con organizaciones internacionales. • Ofrecer entrenamiento especializado sobre los indicadores del tráfico de personas para el personal de líneas de ayuda, e interpretación para los no hispano-hablantes.
PROCESAMIENTO CRIMINAL
El gobierno mantuvo sus esfuerzos para el cumplimiento de la ley. Aunque el Código Penal criminalizó algunas formas de trata, este no penalizaba todas las formas de trabajo forzado o la trata sexual de menores de 16 y 17 años, definiendo a un niño como un individuo menor de 16 años, edad más joven que la establecida por las leyes internacionales contra la trata de personas, que es 18 años. El artículo 302 penalizó el reclutamiento y la trata de personas, estableciendo sentencias de 4 a 10 años de prisión, la cuales se considera son suficientemente estrictas; en relación a la trata sexual, son proporcionales a aquellas estipuladas para otros delitos graves como el de violación. Inconsistente con la definición de la trata de personas según el derecho internacional, la ley estableció que el uso de la fuerza, el fraude o la coerción son factores agravantes y no elementos esenciales del delito. La ley define la trata de forma general al incluir las condiciones de explotación laborable y adopción ilegal sin el propósito de explotación. El artículo 310 penalizó como un delito la corrupción de menores de 16 años con fines sexuales y establece sanciones de siete a quince años de prisión, siendo estas lo suficientemente estrictas y proporcionales a las estipuladas para otros delitos graves como el de violación. El artículo 312.1 criminalizó la corrupción de menores de 16 años por mendicidad y establece sanciones de dos a cinco años o una multa. Los artículos 310 y 312.1 consideraron la violencia o la intimidación, entre otros, como factores agravantes por los cuales la sentencia aumenta de 20 a 30 años de prisión o establece la pena de muerte. Las disposiciones para el tráfico sexual de adultos y niños no penalizaron explícitamente los actos de reclutamiento, transporte y recepción de personas para estos fines. El Código Penal y el Código de Trabajo prohibieron algunas conductas relacionadas con el trabajo forzado, incluyendo la privación de libertad (artículo 279.1), la coerción (artículo 286.1), la extorsión (artículo 331), el ejercicio arbitrario de derechos (artículo 159.1) y el establecimiento directo de relaciones laborales con adolescentes menores de 17 años (artículo 116 del código laboral). Sin embargo, la ley cubana no prohibió el trabajo forzado como se define en el derecho internacional. Desde el año 2015, el gobierno ha sostenido esfuerzos para enmendar el Código Penal para abordar la trata tal como se define en el derecho internacional, pero hasta el 31 de marzo de 2019, el Código Penal no prohibía todas las formas de trata.
En diciembre de 2018, el gobierno publicó datos oficiales para el año calendario 2017 sobre enjuiciamientos y condenas de traficantes, los datos más recientes disponibles. Las autoridades informaron de 20 juicios en 2017, en comparación con 21 en 2016 y 10 en 2015, y 20 condenas (19 traficantes sexuales y un traficante por trabajo infantil forzado), en comparación con 39 en 2016 y 17 en 2015. La sentencia promedio fue de 9.2 años de prisión, en comparación con 10.5 años en 2016 y 12 años en 2015. Las autoridades encarcelaron a ocho ciudadanos extranjeros por comprar sexo de víctimas de la trata infantil. El gobierno cubano organizó y patrocinó numerosas capacitaciones, cursos de posgrado, foros científicos y una videoconferencia nacional para fiscales, oficiales de la ley y judiciales, personal médico y empleados de la ONG patrocinada por el gobierno, Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Las autoridades educaron a los participantes sobre la protección y la asistencia a las víctimas de la trata y los procedimientos relacionados con la delincuencia organizada transnacional y la trata. El gobierno mantuvo más de 20 acuerdos de cooperación bilateral o memorandos de entendimiento con otros 15 países que incluían la trata, lo que resultó en la identificación de víctimas cubanas en el extranjero y la condena de un traficante en Cuba. El gobierno no informó sobre investigaciones, enjuiciamientos, ni condenas de funcionarios gubernamentales cómplices en la trata, a pesar de las acusaciones persistentes de que funcionarios amenazaron y obligaron a algunos participantes en las misiones médicas extranjeras a permanecer en el programa.
PROTECCIÓN
El gobierno mantiene algunos esfuerzos para identificar y proteger a víctimas de la trata de personas, pero les ha brindado sus servicios sólo a cinco niños y ha penalizado a algunas víctimas por actos ilegales que sus traficantes les obligaron a cometer. Las autoridades han identificado al menos 24 víctimas en 2017 (siete niños víctimas de la trata sexual infantil, 16 adultos víctimas de la trata sexual, y una víctima de trabajo forzado infantil), comparado con 27 víctimas en 2016 (17 niños víctimas de la trata sexual infantil, nueve adultos víctimas de la trata sexual, y una víctima de trabajo forzado infantil), así como 11 víctimas en 2015 (siete niños víctimas de la trata sexual infantil y cuatro adultos víctimas de la trata sexual). De las 24 víctimas, 23 eran mujeres y una era un hombre. El gobierno reportó tener procedimientos para identificar proactivamente y remitir a las víctimas de la trata sexual; la policía, los trabajadores sociales, los educadores y los profesionales médicos identificaron y evaluaron a víctimas potenciales de la trata sexual y las remitieron a otros profesionales para recibir asistencia médica, psicológica, psiquiátrica, educacional, familiar o de servicios sociales. El gobierno no reportó tener procedimientos para reconocer víctimas de trabajo forzado. Organizaciones no gubernamentales patrocinadas por el gobierno, como la FMC, la Comisión de Prevención y Asistencia Social, y los Comités de Defensa de la Revolución pudieran identificar y remitir a las víctimas de la trata a las autoridades del Estado y brindar servicios a las víctimas.
El gobierno fundó centros de protección infantil y centros de orientación para mujeres y familias, que atendieron a todas las víctimas de delitos, incluidas algunas víctimas de la trata de personas. Estos centros tenían la capacidad de identificar los casos, remitirlos a los cuerpos de seguridad, ayudar a organizar la cooperación con los cuerpos de seguridad en la preparación para el enjuiciamiento, así como brindar servicios a las víctimas. En el 2016, el Fiscal General creó una Dirección Especial de Protección de la Familia y Asuntos Jurisdiccionales para brindar atención especializada a los niños víctimas de crímenes y violencia, incluida la trata de personas, pero no informó si brindó servicios a los niños en el 2017. La Federación de Mujeres Cubanas continuó recibiendo fondos de organizaciones internacionales y operó centros para mujeres y familias a nivel nacional para ayudar a las personas perjudicadas por la violencia, incluidas las víctimas de la trata sexual. Estos centros podrían proporcionar servicios tales como: tratamiento psicológico, atención médica, entrenamientos y asistencia para encontrar empleo, pero no informaron si las 16 víctimas mujeres adultas asociadas con los enjuiciamientos denunciados recibieron esos servicios. Los observadores señalaron que a pesar de los servicios sociales existentes a los que las víctimas pueden acceder, el gobierno no ofreció un paquete integral de servicios, fundamentalmente de vivienda y protección física. Ni el gobierno ni las organizaciones no gubernamentales patrocinadas por el gobierno operaron refugios, ni brindaron servicios específicos para las víctimas del sexo masculino. Los miembros independientes de la sociedad civil expresaron su preocupación por los esfuerzos de protección del gobierno y la información limitada sobre el alcance de la trata sexual y el trabajo forzado en Cuba, dado el escaso monitoreo independiente por parte de las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones internacionales.
La policía alentó a los jóvenes menores de 16 años víctimas de la trata sexual a que asistieran en los procesos judiciales, al dar su testimonio a través de entrevistas grabadas en videos, eliminando la necesidad de que los niños tuvieran que comparecer en la corte. Los observadores reportaron que los cuerpos de seguridad no evaluaron de manera proactiva los indicadores de la trata, ya que la policía pudo haber detenido a personas por prostitución o haberlos acusarlos de delitos como “peligrosidad social”, lo que podría penalizar a algunas víctimas por actos ilegales que sus traficantes les obligaron a cometer. La ley cubana le permite a la corte pagos de compensación a las víctimas, pero el gobierno no reportó ninguna orden de este tipo en 2017. El gobierno no reconoció a ninguna víctima de la trata internacional en 2017.
PREVENCIÓN
El gobierno no realizó esfuerzos para prevenir el trabajo forzado, pero sí lo hizo para prevenir la trata sexual. El gobierno reportó que continuó implementando su Plan Nacional de Acción Contra la Trata de Personas para el 2017-2020, el cual incluyó algunos esfuerzos para prevenir la trata de personas, proteger a las víctimas, investigar y enjuiciar a los traficantes y promover la cooperación internacional. El plan requirió que el gobierno estableciera indicadores para evaluar el progreso y una evaluación general en 2020, pero dichos indicadores no se hicieron públicos. El gobierno publicó su sexto Informe Anual de Enfrentamiento Contra la Trata de Personas en diciembre de 2018, el cual abarca el año 2017 y el primer trimestre del año 2018. Observadores internacionales han notado retos en la coordinación entre el gobierno y la sociedad civil, pero el gobierno no ha informado si ha establecido un Comité Inter-Agencias permanente. El Ministerio de Justicia dirigió un grupo de trabajo informal para combatir la trata de personas, que incluye varios ministerios y autoridades para el cumplimiento de la ley. Como en años anteriores, el gobierno llevó a cabo sesiones de capacitación para empleados del gobierno, maestros y administradores de escuelas, oficiales de policía, empleados de la industria turística, fiscales, jueces y padres sobre la prevención y detección de la trata. El gobierno y la FMC continuaron operando una línea telefónica de 24 horas para las personas que necesitaban asistencia legal, incluidas las víctimas de la trata sexual, pero no informaron si alguna de las llamadas en 2017 condujeron a investigaciones sobre la trata o a la identificación de víctimas, o si implementó la recomendación del relator especial de la ONU para un entrenamiento especializado sobre la trata y la utilización de personal multilingüe.
Los medios de difusión estatales continúan publicando artículos en periódicos y produciendo programas de radio y televisión, incluido un nuevo spot publicitario, para concientizar a la población sobre la trata sexual. La FMC concientizó a la población a través de talleres y entrenamientos a trabajadores sociales, educadores y estudiantes; así como la distribución de materiales explicando en qué consiste la trata sexual y los riesgos asociados a esta. Las autoridades mantuvieron una oficina dentro del Ministerio de Turismo encargada de monitorear la imagen de Cuba como destino turístico, combatiendo el turismo sexual y reconociendo la demanda de actos sexuales de manera comercial. El Ministerio de Turismo también informó de entrenamientos dados a agentes de seguridad públicos asignados al sector del turismo, para que estos identifiquen casos relacionados con la trata sexual durante las inspecciones que realicen a hoteles e instalaciones turísticas del Estado, pero estos agentes no reportaron ningún caso de tráfico sexual en 2017. El Ministerio monitoreó las compañías de turismo y agencias de viaje extranjeras, cuyos empleados puedan ser responsables de vender a Cuba como un destino de turismo sexual, o haber cometido algún delito relacionado con la trata sexual, pero en 2017 no se identificó ningún empleado que incurriera en estas actividades. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ofrece entrenamientos a sus inspectores para que sean capaces de detectar la trata sexual, pero este ministerio no identificó ningún caso de trabajo forzado entre las 1,573 violaciones laborales registradas en 2017. El Gobierno reportó haber tomado medidas para identificar y prevenir a aquellos jóvenes que puedan ser vulnerables a traficantes sexuales al viajar al exterior. Por otra parte, el gobierno no implementó políticas para prohibir el uso de la fuerza, fraude o coerción por parte de empleadores extranjeros, empresas estatales o controladas por el Estado, para reclutar y retener a sus empleados, a pesar de las continuas denuncias de que funcionarios cubanos amenazaron y obligaron a parte del personal de las misiones médicas en el exterior a permanecer en estas.
PERFIL SOBRE LA TRATA
Como se ha reportado en los últimos cinco años, los traficantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Cuba, y traficantes explotan a víctimas provenientes de Cuba en el exterior. La trata y turismo sexual, que incluyen a víctimas menores de edad, tienen lugar dentro de Cuba. Los traficantes explotan a ciudadanos cubanos mediante el tráfico sexual y trabajo forzado en Sudamérica, el Caribe, y los Estados Unidos. Los traficantes explotan a ciudadanos extranjeros de África y Asia mediante tráfico sexual y trabajo forzado en Cuba para pagar deudas de viaje. De acuerdo con declaraciones de funcionarios gubernamentales, el gobierno emplea entre 34,000 y 50,000 profesionales de la salud en más de 60 países en África, las Américas, Asia, el Medio Oriente y Portugal en misiones médicas en el extranjero en virtud de contratos con gobiernos extranjeros y, en algunos países con organizaciones internacionales que sirven como intermediarias. En noviembre de 2018, Cuba dio por terminado el programa de la misión médica de 5 años “Mais Medicos” en Brasil, el cual fue facilitado por una organización afiliada a la ONU, a partir de demandas del entonces presidente electo de Brasil para mejorar el tratamiento y las condiciones de empleo de los profesionales médicos cubanos, tras de alegaciones de coerción, impago de salarios, retención de pasaportes y restricción de sus movimientos. En noviembre de 2018, trabajadores de la salud cubanos presentaron una demanda colectiva ante la Corte del Distrito Sur de la Florida en virtud de la Ley de Protección de Víctimas de la Trata y la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Actividades Ilegales, alegando que el gobierno cubano se benefició de la exportación de profesionales médicos; el caso se mantiene pendiente. En Brasil, el gobierno cubano recibió ingresos por los servicios de cada profesional y le pagó al trabajador una fracción del ingreso, depositando un alto porcentaje del salario del trabajador en una cuenta en Cuba sólo accesible luego de haber completado la misión y de su regreso a Cuba. El gobierno de Cuba cobró aproximadamente 7200 millones de pesos en ingresos anuales derivados de la exportación de servicios, incluidas las misiones médicas en el extranjero, en 2017. Algunos participantes en misiones médicas en el extranjero, al igual que otras fuentes, alegan que los funcionarios cubanos fuerzan o coaccionan la participación en el programa; el gobierno ha declarado que la participación es voluntaria, y algunos participantes también han declarado que la participación es voluntaria y bien pagada en comparación con los empleos dentro de Cuba. Los observadores reportan que el gobierno no informa a los participantes sobre las condiciones de sus contratos, lo que los hace más vulnerables al trabajo forzado. El gobierno cubano reconoce que retiene los pasaportes del personal médico en Venezuela; en su lugar les entregó tarjetas de identificación. Algunos de estos médicos cubanos alegan que trabajan largas horas sin descansar y que en algunos países se enfrentan a condiciones deficientes de vida y trabajo, incluyendo la falta de higiene y privacidad. Los observadores señalan que las autoridades cubanas obligaron a algunos participantes a permanecer en el programa al retener sus pasaportes, restringir sus movimientos y usar “guardaespaldas” para vigilarlos fuera del trabajo, amenazándolos con retirar sus licencias médicas, tomar represalia contra sus familiares en Cuba si abandonan el programa, o imponer sanciones criminales, exilio y separación de la familia si los participantes no regresan a Cuba, según lo indicado por los supervisores del gobierno. El gobierno utiliza a algunos estudiantes de preuniversitarios en áreas rurales para cosechar los cultivos sin pagarles y lo llaman trabajo voluntario.
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Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.
