Ciudadano Cubano Sentenciado por Hacer Declaraciones Falsas en una Solicitud de Residencia Permanente Legal y por Robo de Fondos del Gobierno

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS

Viernes, 27 de septiembre de 2019
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Ciudadano Cubano Sentenciado por Hacer Declaraciones Falsas en una Solicitud de Residencia Permanente Legal y por Robo de Fondos del Gobierno

WASHINGTON – Un ciudadano cubano y funcionario de alto rango en el gobierno cubano que vive en Miami, Florida, fue sentenciado a seis meses de prisión por hacer declaraciones falsas en su solicitud de residencia legal permanente, y por robo de fondos del gobierno.

El anuncio fue efectuado por el Fiscal General Adjunto Brian A. Benczkowski de la División Criminal del Departamento de Justicia, la Fiscal Federal Ariana Fajardo Orshan del Distrito Sur de la Florida, el agente especial a cargo George L. Piro de la oficina de campo del FBI en Miami, y el agente especial a cargo Anthony Salisbury de la oficina de campo en Miami de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.

Saul Santos Ferro, de 74 años, previamente se declaró culpable de un cargo por hacer declaraciones falsas en un documento de inmigración, y por robo de fondos del gobierno. Santos fue sentenciado por el Juez Federal de Distrito Darrin P. Gayles, del Distrito Sur de la Florida, quien también ordenó que fuera deportado a Cuba inmediatamente después de completar su condena y pague una restitución por el monto de $12,522.28.

Según documentos judiciales, Santos mintió e hizo una serie de tergiversaciones en su solicitud para registrarse como residente permanente, que a sabiendas presentó a las autoridades de inmigración de los Estados Unidos, obteniendo finalmente el estatus de residente permanente legal. Específicamente, cuando solicitó registrarse como residente permanente, Santos no reveló su membresía o afiliación con ninguna organización, declaró falsamente que nunca sirvió o fue miembro de una unidad de policía, y declaró falsamente que nunca sirvió en ninguna situación que involucrara la detención de personas. El hecho es que Santos se desempeñó como Mayor en el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) del gobierno cubano durante décadas, y estuvo involucrado en el arresto y detención de disidentes políticos en Cuba.

Además, Santos admitió haber declarado falsamente que nunca dio información falsa o engañosa a ningún funcionario del gobierno de los Estados Unidos mientras solicitaba beneficios de inmigración, y declaró falsamente que nunca mintió a las autoridades de inmigración de los Estados Unidos para obtener la entrada o admisión en los Estados Unidos y obtener beneficios de inmigración. De hecho, Santos contó una serie de mentiras sobre su anterior empleo con el DSE a las autoridades de inmigración de los Estados Unidos cuando solicitó el ingreso a los Estados Unidos con una visa de visitante en 2011 y 2012.

Santos admitió además que recibió beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) a los que no tenía derecho. SSI es un programa financiado con impuestos y administrado por la Administración del Seguro Social para proporcionar dinero a los ancianos y personas con discapacidades para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo alimentos, ropa y vivienda. Santos y su esposa calificaron y comenzaron a recibir beneficios de SSI en septiembre de 2014, pero en abril de 2015, Santos y su esposa tergiversaron su situación de vida y comenzaron a recibir más dinero del que tenían derecho a recibir. Debido a su tergiversación, la corte responsabilizó a Santos por los pagos en exceso, que ascendieron a $28,491.83.

El FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos y la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, con el apoyo de la Unidad Internacional de Derechos Humanos del FBI, investigaron el caso.

El abogado litigante Rami S. Badawy, de la Sección de Derechos Humanos y Procesamientos Especiales de la División Criminal, con el apoyo de la historiadora Joanna Crandall y el Fiscal Federal Adjunto del Distrito Sur de la Florida, Daniel Cervantes, procesaron el caso.

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Esta traducción se proporciona como una cortesía y únicamente debe considerarse fidedigna la fuente original en inglés.