CUBA (Nivel 3)
El Gobierno de Cuba no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas y no ha hecho grandes esfuerzos en ese sentido, aun al considerar el impacto de la pandemia de COVID-19, si lo hubiera, en su capacidad de combatir la trata; por lo tanto, Cuba permaneció en el Nivel 3. A pesar de la falta de esfuerzos considerables, el gobierno tomó algunas medidas para abordar la trata de personas, inclusive la enmienda del código penal para incorporar la penalización de la trata laboral y el requerimiento del uso de la fuerza, el fraude y la coacción como elementos esenciales del delito de trata de adultos. No obstante, durante el período del informe, el gobierno tenía por política o por norma sacar provecho de los programas de exportación de mano de obra con claros indicios de trabajo forzoso, particularmente en su programa de misiones médicas en el exterior. El gobierno siguió enviando a trabajadores cubanos a otros países empleando tácticas engañosas y coercitivas. No abordó los delitos de trata de personas a pesar del número cada vez mayor de acusaciones hechas por organizaciones no gubernamentales (ONG), exparticipantes y gobiernos extranjeros con respecto a la participación de funcionarios cubanos en casos de abuso. El gobierno no informó a los participantes de manera sistemática sobre las condiciones de sus contratos, que variaban según el país, confiscó sus pasaportes y credenciales profesionales y retuvo una cantidad considerable de los salarios de los trabajadores. El gobierno utilizó su marco legal para amenazar, coaccionar y castigar a los trabajadores y a sus familiares si los participantes abandonaban el programa.
RECOMENDACIONES PRINCIPALES: Asegurar que los programas de exportación de mano de obra patrocinados por el gobierno cumplan con las normas internacionales del trabajo o se acaben. En concreto, garantizar que los participantes reciban un sueldo justo, con pago total depositado en cuentas bancarias que los trabajadores puedan controlar; mantengan sus pasaportes, contratos y credenciales académicas; tengan un ambiente de trabajo donde no haya violencia, hostigamiento ni vigilancia intrusiva; y tengan libertad de circulación para dejar el programa o negarse a aceptar un nombramiento sin sanciones, como amenazas, encarcelamiento, lesiones o prohibición de regresar a Cuba. * Dejar de usar el artículo 176.1 para penalizar a los trabajadores afiliados al gobierno que abandonan el programa de exportación de mano de obra. * Investigar y enjuiciar enérgicamente los delitos de trata con fines de explotación sexual y de trabajo forzoso, y condenar a los tratantes. * Implementar políticas y procedimientos formales para la identificación proactiva de las víctimas de la trata de personas, incluso entre las poblaciones vulnerables, y su remisión a los servicios pertinentes y capacitar a los funcionarios, incluso a los socorristas, sobre su aplicación. * Adoptar políticas y programas que presten asistencia especializada específica a los hombres, las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTQI+ víctimas de la trata. * Dejar de reclutar a menores de edad para que desempeñen actividades militares antes de que cumplan la edad de conscripción. * Examinar a las personas acusadas o detenidas por delitos relacionados con actos sexuales con fines comerciales para determinar si hay indicios de trata y remitir a las víctimas identificadas a servicios de atención. * Dejar que una comisión internacional independiente vigile el programa de exportación de mano de obra patrocinado por el gobierno. * Adiestrar a las personas que hacen cumplir el código laboral para determinar si hay indicios de trata y educar a todos los trabajadores cubanos con respecto a dichos indicios y a la forma de denunciar las violaciones relacionadas con la trata. * Revisar el artículo 363.1 del Código Penal para eliminar el requerimiento de comprobar el uso de la fuerza, el fraude o la coacción en los delitos de trata sexual de menores. * Establecer un comité interministerial permanente contra la trata de personas. * Elaborar un nuevo Plan de Acción Nacional en colaboración con organizaciones internacionales. * Impartir capacitación especializada sobre los indicadores de la trata al personal que atiende las líneas telefónicas directas y ofrecer servicios de interpretación para las personas que no hablan español.
ENJUICIAMIENTO
El gobierno no informó que hubiera realizado actividades de aplicación de la ley para combatir la trata de personas. Continuó la complicidad de las autoridades del Ministerio de Justicia en los programas estatales de exportación de mano de obra al enjuiciar a las personas que abandonaban estos programas patrocinados por el gobierno por abusos y prácticas de explotación con claros indicios de trata de personas. El Gobierno de Cuba penalizó la trata sexual y la trata con fines de trabajo forzoso mediante disposiciones del código penal. En 2022, el gobierno aprobó un nuevo código penal y enmendó las disposiciones con respecto a la trata. El artículo 363.1 del nuevo código penaliza todo tipo de trata laboral y algunos tipos de trata sexual, y establece sanciones de siete a 15 años de privación de libertad para los delitos con víctimas adultas y de 10 años de privación de libertad a cadena perpetua para los delitos con víctimas menores de edad. Estas sanciones son lo suficientemente estrictas y, en lo que respecta a la trata sexual, acordes con las penas prescritas para otros delitos graves, como la violación. La definición en el artículo 363.1 establece de modo correcto el uso de la fuerza, el fraude y la coacción como elemento esencial del delito de la trata de adultos; sin embargo, la ley no incluye una disposición necesaria que indique que los elementos de la fuerza, el fraude y la coacción son innecesarios en los casos de delitos de trata sexual de menores. No obstante, el artículo 402.1 (“Corrupción de menores”) penaliza al que se aproveche de una persona menor de 18 años de edad para fines de prostitución y prescribe sanciones de siete a 15 años de privación de libertad, que son lo suficientemente estrictas y acordes con las prescritas para otros delitos graves, como la violación. El nuevo código penal considera con exactitud que los menores de edad son personas menores de 18 años, lo que es un cambio a la ley anterior que estipulaba que un menor de edad era una persona menor de 16 años. Si bien el artículo 363.1 del nuevo código penaliza los delitos de trata laboral, el artículo 176.1 prescribe sanciones de tres a ocho años de privación de libertad contra los trabajadores afiliados al gobierno que no concluyen sus misiones en otros países o que se niegan a regresar a Cuba al concluirlas, lo que penaliza de ese modo a posibles víctimas de la trata laboral.
En diciembre de 2022, el gobierno publicó los datos oficiales más recientes que hay disponibles sobre enjuiciamientos y condenas en el año natural 2021. El informe anual del gobierno fue la principal fuente de información sobre sus actividades. El gobierno suprimió las fuentes independientes nacionales, pero algunas fuentes independientes proporcionaron información sobre los esfuerzos hechos para combatir la trata y las tendencias con respecto a esta. El gobierno no informó sobre la investigación de casos de trata en 2021. En 2021, se enjuiciaron a 12 sospechosos por posibles delitos de trata, en comparación con 17 enjuiciamientos en 2020 y 15 en 2019. Según funcionarios gubernamentales, se enjuiciaron a 10 tratantes con fines de explotación sexual, en comparación con 2020, en el que se enjuiciaron a tratantes en 17 casos de trata sexual y un caso de trata laboral. Según informes del gobierno, las condenas impuestas eran de cinco a 20 años de privación de libertad.
El gobierno organizó y patrocinó la capacitación de agentes de las fuerzas del orden, fiscales y jueces sobre la investigación de casos de delitos de trata sexual y el enjuiciamiento de los culpables, al igual que sobre técnicas analíticas para abordar los casos complejos. El gobierno cooperó con la INTERPOL en la investigación de un caso de trata transnacional en el que estuvieron implicados ocho supuestos tratantes cubanos, pero las autoridades no informaron sobre el enjuiciamiento o la condena de estos individuos. Las autoridades contaban con 20 acuerdos de cooperación bilateral o memorandos de entendimiento que incluían la trata de personas; no obstante, el gobierno no informó que hubiese resultados tangibles relacionados con estos acuerdos. Las autoridades no informaron sobre investigaciones, enjuiciamientos o condenas de funcionarios públicos que hubieran sido cómplices de la trata, a pesar de acusaciones persistentes de que amenazaban y coaccionaban a participantes para que permanecieran en el programa de exportación de mano de obra patrocinado por el gobierno.
PROTECCIÓN
El gobierno disminuyó los esfuerzos por identificar y proteger a las víctimas de la trata de personas y siguió coaccionando a las personas, por medio de tácticas de engaño, manipulación y explotación, para que participaran y no abandonaran los programas de exportación de mano de obra patrocinados por el gobierno. En 2021, año más reciente para el que se cuenta con datos, las autoridades identificaron a 10 niñas víctimas de la trata sexual, incluida una víctima con discapacidades físicas e intelectuales, en comparación con 2020, en el que se identificaron a 18 víctimas (17 víctimas de la trata sexual y una víctima de trabajo forzoso). En años anteriores, el gobierno informó que tenía procedimientos para la identificación proactiva y la remisión de las víctimas de la trata sexual a servicios de atención; sin embargo, carecía de procedimientos formales para identificar a las víctimas en redadas de la policía y había dependido de la identificación hecha por las propias víctimas. En 2022, una ONG internacional informó haber identificado a 1.111 personas que afirmaban que las autoridades cubanas las forzaron a trabajar en el programa de exportación de mano de obra del gobierno. El gobierno no declaró que tuviera procedimientos para identificar a las víctimas del trabajo forzoso. Algunas ONG organizadas y controladas por el gobierno o el Partido Comunista de Cuba, como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Comisión de Prevención y Atención Social y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), podían identificar a las víctimas de la trata, remitirlas a las autoridades estatales y prestarles algunos servicios para víctimas, como tratamiento psicológico, atención de salud, capacitación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo; sin embargo, estos servicios solían estar politizados y no se ofrecían a las personas consideradas subversivas por el gobierno o el Partido Comunista. En 2021, el gobierno prestó apoyo general a 10 víctimas, que consistió en cuidados médicos y psicológicos, ayuda con la reinserción escolar y alguna ayuda económica. Ni el gobierno ni las ONG organizadas por el gobierno operaron albergues o prestaron servicios orientados a hombres adultos víctimas o a víctimas que pertenecen a la comunidad LGBTQI+. La policía alentó la asistencia por parte de las víctimas de trata sexual menores de 16 años en los enjuiciamientos de los tratantes mediante la obtención de sus testimonios a través de entrevistas grabadas en video y dirigidas por psicólogos que, por lo general, eliminaban la necesidad de que comparecieran los menores ante el tribunal; no obstante, el gobierno no informó haber empleado estos recursos durante el período del informe. Los observadores informaron que los agentes del orden no hacían un examen proactivo para determinar si había indicadores de trata. Como resultado, la policía podría haber detenido a víctimas de la trata sexual, que no habían sido identificadas, por delitos de comercio sexual, o haberlas acusado de delitos como “peligrosidad social”. El gobierno no informó haber identificado a ninguna víctima extranjera de trata en 2021.
PREVENCIÓN
El gobierno siguió sin realizar esfuerzos suficientes para prevenir la trata, en particular, el trabajo forzoso. Los funcionarios siguieron utilizando el Plan de Acción Nacional 2017-2020, ya vencido. En diciembre de 2022, el gobierno publicó su informe anual sobre las actividades contra la trata, que cubre el año 2021. El informe se hizo del dominio público. Las autoridades celebraron sesiones de concientización sobre la prevención y detección del delito de la trata de personas para empleados públicos, estudiantes y empleados de la industria turística. El gobierno y la FMC siguieron operando una línea de atención telefónica las 24 horas del día para personas que necesitan asistencia jurídica, entre ellas las víctimas de la trata sexual. Por segundo año consecutivo, ninguna de las llamadas a esa línea dieron lugar a investigaciones de trata de personas o a la identificación de víctimas.
Los medios de comunicación estatales siguieron publicando artículos en periódicos y transmitiendo programas de radio y televisión, incluso nuevos anuncios de servicio público, con el fin de concientizar al público sobre la trata sexual. La FMC concientizó al público por medio de talleres y capacitación con funcionarios públicos, trabajadores sociales, educadores y estudiantes, y de distribución de materiales con explicaciones sobre la trata y sus riesgos; sin embargo, no había materiales publicados que mostraran la eficacia o el efecto de esos programas. Si bien el Ministerio de Turismo se encargaba de combatir el turismo sexual y abordar la demanda de actos sexuales con fines comerciales, el gobierno no informó que hubiera realizado ninguna actividad para resolver estas inquietudes.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social impartió capacitación a organizaciones que trabajan con personas con discapacidades sobre los indicadores de trata. Además, este ministerio realizó 3.496 inspecciones laborales, pero no detectó ningún caso de trabajo forzoso y no hubo información disponible acerca del número de inspectores laborales. Las autoridades no declararon haber examinado a los trabajadores que viajaron al extranjero para detectar indicios de trata y no informaron haber detectado ninguna inquietud respecto a contratos de empleo. Es posible que, en el pasado, los funcionarios públicos emplearan estas autoridades para identificar a las personas que pudiesen haber querido irse del país. El gobierno no implementó políticas de prohibición de la fuerza, el fraude o la coacción por contratistas extranjeros de mano de obra y por empresas estatales o controladas por el Estado al reclutar y contratar a empleados, a pesar de persistentes acusaciones de que funcionarios cubanos amenazaban, manipulaban y coaccionaban a algunos participantes a permanecer en los programas de exportación de mano de obra patrocinados por el gobierno. El gobierno no les explicaba las normas internacionales del trabajo a los participantes de sus programas de exportación de mano de obra que trabajaban en condiciones que claramente mostraban indicios de trata. La política del gobierno indica que los hombres jóvenes mayores de 16 años deben registrarse en las fuerzas armadas del país y prepararse para la conscripción al cumplir los 17 años; sin embargo, en varios informes de la prensa de 2021 se observó la participación del gobierno en el reclutamiento forzoso de menores para que se integrasen en brigadas de respuesta rápida. Según varias fuentes, hubo funcionarios que sacaron por la fuerza a niños de sus hogares, en contra de su voluntad y sin contar con el consentimiento de los padres, para después transportarlos a otras ciudades a fin de que ayudaran a contener a ciudadanos que se habían rebelado contra el régimen durante las protestas que se realizaron en todo el país en 2021. En octubre de 2022, un niño de 16 años se suicidó mientras presuntamente formaba parte de las fuerzas armadas.
PERFIL DE LA TRATA
Como se ha informado en los últimos cinco años, los tratantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Cuba y a víctimas de Cuba en el exterior. Dentro de Cuba existen la trata sexual y el turismo sexual, que incluyen a víctimas menores de edad. Los tratantes explotan a ciudadanos cubanos en la trata sexual y el trabajo forzoso en África, América Latina, Asia, el Caribe, los Estados Unidos y el Mediterráneo. Los tratantes explotan a ciudadanos extranjeros de África y Asia en la trata sexual y el trabajo forzoso en Cuba para pagar deudas de viaje. El gobierno identificó a menores, mujeres jóvenes, personas de edad avanzada y personas con discapacidades como los más vulnerables a la trata. Las personas de la comunidad LGBTQI+ y los migrantes por razones económicas son vulnerables a la trata sexual. Los jugadores profesionales de béisbol son vulnerables a la trata laboral. El gobierno emplea a algunos alumnos de secundaria en zonas rurales para cosechar cultivos sin remunerarlos por su trabajo, pero alega que ese trabajo es voluntario. Es posible que haya funcionarios públicos que estén reclutando forzosamente a menores de edad para que se incorporen a brigadas de respuesta rápida y a quienes se les de la orden de someter a los ciudadanos que se reúnan para protestar contra el régimen.
Varios observadores internacionales y exparticipantes informaron que los funcionarios públicos forzaban o coaccionaban a las personas a participar y a permanecer en los programas de exportación de mano de obra del gobierno cubano, particularmente en el programa de misiones médicas en el exterior, administrado por la Unidad Central de Cooperación Médica, el Ministerio de Salud y el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Hubo trabajadores cubanos afiliados al gobierno que trabajaban en el exterior y que fueron sometidos a la trata laboral por leyes y reglamentos intrínsecamente coercitivos que las autoridades emplearon con el fin de manipularlos para que se quedaran en el programa. El Ministerio del Interior calificó de “desertores” a los trabajadores que no regresaron a la isla tras concluir sus misiones, categoría con la que, según la legislación migratoria cubana, se los tacha de “indeseables”. El gobierno prohibió a los trabajadores calificados de desertores e indeseables su regreso a Cuba por un período de ocho años. Además, el gobierno categorizó a los nacionales cubanos que no regresaron al país en 24 meses como personas que han “emigrado”. Las personas que emigraron perdieron todas las protecciones que se les otorgan a los ciudadanos, sus derechos y toda propiedad que abandonaron, además, si también desertaron de una misión civil, no se les permitió visitar a sus familias que se quedaron en Cuba. Estas disposiciones del gobierno coaccionaron a trabajadores y penalizaron a los que intentaron ejercer su libertad de circulación y de voluntad. En un informe sobre los derechos de los niños, que publicó una organización internacional, se mencionó lo inquietante que resulta la política de Cuba que prohíbe a los padres que concluyeron un contrato civil en el exterior reunirse con sus hijos. Según una ONG internacional, para 2021, el gobierno cubano había sancionado a 40.000 profesionales de conformidad con estas disposiciones y, en 2022, hubo alrededor de 5.000 menores que fueron separados forzosamente de sus padres a causa de las disposiciones del gobierno con respecto al programa. El gobierno promocionó el programa calificándolo de altruista, buscando nuevos países con los que aliarse y aumentando sus ganancias a expensas de los trabajadores desesperadamente vulnerables y desempoderados. Las autoridades no respondieron a las acusaciones que presentaron miles de exparticipantes que denunciaron la explotación y la trata. De acuerdo con un informe gubernamental, a finales de 2021, hubo 41 brigadas del contingente “Henry Reeve” en 59 países, en comparación con 56 brigadas Henry Reeve en 40 países con 4.941 trabajadores médicos en 2020. A finales de 2021, había aproximadamente 28.000 trabajadores en más de 60 países. El programa de exportación de mano de obra operó u opera actualmente en Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Argelia, Bahamas, Baréin, Barbados, Belice, Bolivia, Botsuana, Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Esuatini, Etiopía, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Honduras, Italia, Jamaica, Kenia, Kuwait, Lesoto, Liberia, Maldivas, Mauritania, México, Mozambique, Namibia, Níger, Nicaragua, Palau, Panamá, Perú, Portugal, Qatar, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, Surinam, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Trinidad y Tobago, Turquía, Uganda, Uruguay, Venezuela, Yibuti y Zimbabue; y en algunos departamentos o territorios en el extranjero, como Anguila, Granada, Guayana Francesa, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Martinica y Montserrat. Las autoridades emplean a los trabajadores por medio de contratos con gobiernos extranjeros y, en algunos países, hay organizaciones internacionales que sirven de intermediarios o que proveen fondos para el trabajo. De acuerdo con el gobierno, el 75% de la fuerza laboral exportada está conformada por personal profesional médico. Algunos expertos estiman que el gobierno cubano recolecta entre US $6.000 millones y US $8.000 millones anualmente por concepto de exportación de servicios, principalmente por su programa de misiones médicas en el exterior. Según consta, los trabajadores reciben solamente una parte de su sueldo que varía entre el 5% y el 25%, y sus sueldos se retienen en cuentas bancarias cubanas, a menudo en pesos cubanos en lugar de las divisas pagadas al gobierno por sus servicios, y el gobierno confisca los sueldos acumulados de los trabajadores si abandonan el programa. Las condiciones de cada brigada varían de país en país. En 2022, una ONG informó que el Gobierno de México pagó mensualmente al gobierno cubano alrededor de US $3.500 por cada trabajador y, por su parte, el gobierno cubano pagó mensualmente a cada trabajador US $200, quedándose con el 94% del sueldo de cada uno de ellos. De acuerdo con la misma ONG, para evitar que los trabajadores desertaran, las autoridades cubanas enviaron a México personal militar y de inteligencia con formación médica general en lugar de especialistas.
En 2021, y con el apoyo de una ONG internacional, 1.111 presuntas víctimas de trata de personas presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional y ante la ONU en la que alegaban que el gobierno cubano las explotaba y forzaba a trabajar en los programas de exportación de mano de obra. En la denuncia se indicaba que el 75% de los participantes no se había ofrecido como voluntario para el programa, el 33% nunca había visto un contrato, el 69% no conocía su destino final, al 38% los funcionarios cubanos se le había confiscado el pasaporte una vez llegado a su destino, al 76% lo habían vigilado “centinelas”, el 76% no había podido asociarse libremente con los locales, el 79% había tenido restringida la circulación, al 91% se le había dicho que no podía regresar a Cuba si desertaba, el 75% había recibido amenazadas o sido testigo de amenazas contra sus compañeros de trabajo, y el 40% había sido separado de sus hijos como castigo por desertar. El gobierno cubano reconoce que retiene los pasaportes del personal médico del exterior en Venezuela; no obstante, le proporcionó carnés de identificación. Mucho personal médico cubano alega que trabaja largas horas sin descanso y enfrenta condiciones de trabajo y vivienda precarias y peligrosas, incluso falta de condiciones higiénicas y de privacidad, en algunos países y que se les obliga a falsificar los expedientes médicos. Mucho personal médico denunció haber sufrido abuso sexual por sus supervisores. Si bien las misiones médicas siguen siendo las más predominantes el gobierno se benefició de otros programas de exportación de mano de obra similarmente coercitivos, como de maestros, artistas, atletas, instructores de deportes, ingenieros, técnicos forestales y casi 7.000 marinos mercantes por todo el mundo.
