Cuba (Nivel 3)
El gobierno de Cuba no cumple con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas, y no está haciendo esfuerzos significativos en dicha dirección, aun considerando el impacto de la pandemia de COVID-19, si este existe, en su capacidad para luchar contra la trata de personas; por lo tanto, Cuba permaneció en el Nivel 3. A pesar de no haber realizado esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunos pasos para enfrentar la trata de personas. Estos incluyen la investigación, el enjuiciamiento y condena de los traficantes, y la identificación de las víctimas. No obstante, durante el período de este informe, hubo una política o patrón gubernamental para sacar provecho de los programas de exportación de servicios profesionales, con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente en su programa de misiones médicas en el extranjero. El gobierno continuó enviando trabajadores cubanos a países extranjeros utilizando tácticas engañosas y coercitivas, sin examinar las violaciones laborales y los delitos de trata de personas a pesar del creciente número de denuncias de ONG creíbles, exparticipantes y gobiernos extranjeros sobre la participación de funcionarios cubanos en estos abusos. El gobierno no informó a los participantes sobre los términos de sus contratos, los que varían de un país a otro; confiscó sus pasaportes, credenciales profesionales y salarios; y amenazó a los profesionales de la salud y a sus familiares si los participantes abandonaban el programa. Además, la legislación cubana no prohibía explícitamente la trata de personas con fines laborales, tal como se define en el derecho internacional, y el gobierno no informó tener procedimientos para identificar a las víctimas de trabajo forzoso.
RECOMENDACIONES PRIORIZADAS: Garantizar que los programas de exportación de servicios profesionales patrocinados por el gobierno cumplan con las normas laborales internacionales o terminarlos. En específico se recomienda garantizar que los participantes reciban salarios justos que se paguen en su totalidad en cuentas bancarias que los trabajadores puedan controlar; conserven los pasaportes, contratos y credenciales académicas en su poder; garantizar un entorno de trabajo sin violencia, acoso y vigilancia invasiva; y tengan libertad de movimiento para abandonar el programa o rechazar una designación sin sufrir sanciones, como ser amenazado, encarcelado, dañado o que se prohíba su regreso a Cuba. * Investigar y perseguir con rigor los delitos de tráfico sexual y trabajo forzoso, y condenar a los infractores. * Aplicar políticas y procedimientos oficiales para identificar a las víctimas de la trata de personas de forma proactiva, incluyendo las poblaciones vulnerables, remitir a las víctimas identificadas a los servicios adecuados y capacitar en su uso a los funcionarios, incluidos los equipos de primeros auxilios. * Redactar y promulgar una ley integral contra la trata de personas que tipifique como delito todas las formas de trata, incluida la prohibición explícita del trabajo forzoso, y que garantice que el uso de la fuerza, el fraude o la coacción se considere un elemento esencial de la trata de adultos. * Adoptar políticas y programas que proporcionen asistencia especializada y específica para las víctimas masculinas, femeninas y LGBTQI+ de la trata de personas. * Examinar a las personas acusadas o detenidas por delitos relacionados con la explotación sexual comercial para detectar indicadores de trata de personas y remitir a las víctimas identificadas para que reciban atención. * Permitir que una comisión internacional independiente supervise el programa de exportación de servicios profesionales patrocinado por el gobierno. * Capacitar a los responsables de hacer cumplir el código de trabajo para detectar indicadores de trata y educar a todos los trabajadores cubanos sobre los indicadores de trata de personas y cómo denunciar las violaciones relacionadas con Esta. * Establecer un comité interministerial permanente contra la trata de personas. * Crear un nuevo plan de acción nacional contra la trata de personas en colaboración con organizaciones internacionales. * Ofrecer entrenamientos especializados sobre los indicadores de la trata de personas al personal que atienda las líneas de ayuda y un servicio de traducción para los que no hablen español.
Procesamiento Criminal
El gobierno no informó de que hubiera realizado esfuerzos por parte de las fuerzas del orden para combatir la trata de personas. Las autoridades del Ministerio de Justicia siguieron siendo cómplices de los programas estatales de exportación de servicios profesionales al procesar a las personas que abandonaron estos programas patrocinados por el gobierno debido a los abusos y las prácticas de explotación que podrían equivaler a la trata de personas. El código penal cubano tipificaba como delito algunas formas de tráfico sexual y laboral. El artículo 302 (“proxenetismo y trata de personas”) tipificaba como delito el hecho de inducir a otra persona a ejercer la prostitución o cooperar, promover o beneficiarse de dicho acto y establecía penas de 4 a 10 años de prisión. Estas penas eran suficientemente estrictas y proporcionales a las establecidas para otros delitos graves, como la violación. La ley es incongruente con la definición de trata de personas según el derecho internacional, ya que establecía el uso de la fuerza, el fraude o la coacción como factores agravantes, en lugar considerarlos elementos esenciales del delito. El artículo 310 (“corrupción de menores”) tipificaba como delito la utilización de una persona menor de 16 años con fines sexuales y establecía penas de 7 a 15 años de prisión, que eran suficientemente estrictas y proporcionales a las establecidas para otros delitos graves, como la violación. El artículo 312 (“corrupción de menores”) tipificaba como delito la utilización de una persona menor de 16 años para la mendicidad y establecía penas de 2 a 5 años de prisión o una multa; estas penas eran suficientemente estrictas. El artículo 316 (“venta y tráfico de menores”) tipificaba como delito la venta o la adopción ilegal de una persona menor de 16 años para “el tráfico internacional relacionado con conductas corruptas o pornografía, la prostitución, el comercio de órganos, los trabajos forzados o las actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes o el consumo de drogas ilícitas”, y establecía penas de 7 a 15 años de prisión. Estas penas eran lo suficientemente estrictas y, en lo que respecta al tráfico sexual, acordes con otros delitos graves como la violación. De forma incongruente con el derecho internacional, estas disposiciones definían al menor como menor de 16 años en lugar de 18. Las disposiciones relativas a la trata de adultos y niños no penalizaban explícitamente los actos de captación, transporte y recepción de personas para estos fines. La legislación cubana no prohibía explícitamente la trata de personas con fines laborales, tal como se define en el derecho internacional. El gobierno no se esforzó por modificar el código penal para abordar la trata de acuerdo con el derecho internacional.
En diciembre de 2021 el gobierno publicó los datos oficiales del año natural 2020 sobre enjuiciamientos y condenas, estos son los datos más recientes disponibles. El informe anual del gobierno fue la fuente principal de información sobre sus esfuerzos. El gobierno suprimió las fuentes nacionales independientes, y algunas fuentes independientes proporcionaron información sobre los esfuerzos contra y las tendencias de la trata de personas. Las autoridades no indicaron cuántos casos de trata de personas investigaron, procesaron o condenaron en 2021. El gobierno no informó de la investigación de casos en 2020 y enjuició a 17 sospechosos por posibles delitos de trata de personas (16 por tráfico sexual y uno por trabajo forzado), en comparación con 15 enjuiciamientos en 2019, 20 en 2017 y 21 en 2016. Los funcionarios informaron que se condenó a 18 posibles traficantes (17 por tráfico sexual y uno por trabajo forzado), en comparación con 24 en 2019; sin embargo, debido a que la ley cubana era amplia, no estaba claro si los casos denunciados constituían trata de personas según la definición del derecho internacional. Las sentencias oscilaron entre 5 y 17 años de prisión.
El gobierno organizó y patrocinó la capacitación de agentes del orden, fiscales y jueces sobre la investigación y el enjuiciamiento de los delitos de tráfico sexual, así como las técnicas de análisis para abordar casos complejos. El gobierno cooperó con la INTERPOL y el gobierno de Ecuador para investigar un caso de tráfico transnacional que involucraba a 10 presuntos traficantes cubanos. Los funcionarios no informaron si las autoridades enjuiciaron o condenaron a estos individuos durante el período del informe. Las autoridades tenían 20 acuerdos de cooperación bilateral o memorandos de entendimiento que incluían la trata de personas; sin embargo, el gobierno no informó de resultados tangibles asociados a estos acuerdos. Las autoridades no informaron sobre investigaciones, enjuiciamientos, ni condenas de funcionarios gubernamentales cómplices en la trata de personas, a pesar de las constantes denuncias de que funcionarios amenazaron y obligaron a algunos participantes para que permanecieran en los programas de exportación de servicios profesionales patrocinados por el gobierno.
Protección
El gobierno disminuyó los esfuerzos para identificar o proteger a las víctimas de la trata de personas y continuó coaccionando a las personas -mediante tácticas engañosas y de explotación- para que participaran y permanecieran en programas de exportación de servicios profesionales patrocinados por el gobierno. Las autoridades identificaron a 18 víctimas (17 por tráfico sexual y una por trabajo forzado) en 2020, en comparación con las 25 de 2019. En años anteriores, el gobierno informó que tenía procedimientos para identificar y remitir proactivamente a las víctimas de la trata sexual para que recibieran atención; sin embargo, el gobierno carecía de procedimientos oficiales para identificar a las víctimas en las redadas policiales y dependía de que las víctimas se autoidentificaran. El gobierno no informó tener procedimientos para identificar a las víctimas de trabajos forzados, y no se disponía de información sobre el número de inspectores de trabajo. Las ONG organizadas por el gobierno o el Partido Comunista de Cuba, como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Comisión de Prevención y Asistencia Social y los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), podían identificar y remitir a las víctimas de la trata de personas a las autoridades estatales y brindar algunos servicios a las víctimas, como tratamiento psicológico, atención médica, formación profesional y asistencia para encontrar empleo; sin embargo, estos servicios solían estar politizados y no estaban disponibles para las personas que el gobierno y/o el Partido Comunista consideraban subversivas. En 2020, el gobierno proporcionó asistencia general a 16 víctimas, que incluía atención médica y psicológica, asistencia para la reinserción escolar y algunas ayudas económicas. Ni el gobierno ni las ONG organizadas por el gobierno gestionaban refugios o prestaban servicios específicamente para víctimas masculinas adultas o LGBTQI+. La policía solía animar a jóvenes menores de 16 años víctimas de la trata sexual para que asistieran en los procesos judiciales de los tratantes al dar su testimonio a través de entrevistas grabadas con la guía de un psicólogo, lo que generalmente eliminaba la necesidad de que los menores comparecieran ante el tribunal. El gobierno no informó de la utilización de estas herramientas durante el periodo del informe. Los observadores informaron de que las fuerzas del orden no examinaron de forma proactiva los indicadores de la trata de personas, ya que la policía puede haber detenido a personas que practicaban el comercio sexual o haberlas acusado de delitos como la “peligrosidad social”, por lo que podrían haber penalizado a algunas víctimas por actos ilícitos que los traficantes les obligaron a cometer. El gobierno no informó haber identificado a ninguna víctima de la trata de personas internacional en Cuba en 2020.
Prevención
El gobierno hizo algunos esfuerzos para prevenir la trata sexual, en particular el turismo sexual infantil, pero no hizo ningún esfuerzo para prevenir el trabajo forzado. El gobierno siguió utilizando el plan de acción nacional contra la trata de personas 2017-2020, cuyo plazo de vigencia había expirado, y que incluía algunos esfuerzos para prevenir la trata de personas, proteger a las víctimas, investigar y enjuiciar a los traficantes, y promover la cooperación internacional. Las autoridades no hicieron ningún esfuerzo por revisar o aprobar un nuevo plan de acción nacional. El gobierno publicó su informe anual de los esfuerzos contra la trata de personas en diciembre de 2021, abarcando el año 2020. Los funcionarios celebraron sesiones de capacitación para empleados del gobierno, estudiantes y empleados de la industria turística sobre la prevención y detección de delitos de tráfico de personas. El gobierno y la FMC continuaron operando una línea telefónica disponible 24 horas para las personas que necesitan asistencia legal, incluyendo las víctimas de la trata sexual; ninguna de las 129.020 llamadas a esta línea de atención fue en referencia a la trata de personas.
Los medios de comunicación estatales continuaron produciendo artículos de prensa y programas de televisión y radio, incluyendo mensajes de interés público, para aumentar la conciencia pública sobre el tráfico sexual. La FMC aumentó la conciencia pública a través de talleres y capacitación a funcionarios del gobierno, trabajadores sociales, educadores y estudiantes, así como a través de la distribución de materiales que explicaban la trata de personas y sus riesgos. Sin embargo, no hubo materiales disponibles públicamente que mostraran la eficacia o el impacto de estos programas. Las autoridades mantuvieron una oficina dentro del Ministerio de Turismo encargada de monitorear la imagen de Cuba como destino turístico, combatiendo el turismo sexual y reconociendo la demanda de actos sexuales comerciales. El gobierno no reportó esfuerzos para reducir la participación de sus nacionales en el turismo sexual con niños, pero informó que trabajó con un gobierno extranjero para evitar la entrada de delincuentes sexuales condenados al país.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) capacitó a las organizaciones que trabajan con personas discapacitadas en la identificación de casos de trata de personas. Además, el MTSS realizó 4.246 inspecciones laborales, y no identificó ningún caso de trabajo forzado. Las autoridades informaron de que habían tomado medidas para identificar y evitar que los jóvenes que pudieran ser vulnerables a los traficantes viajaran al extranjero. En 2020 evitaron que cuatro personas viajaran después de que los funcionarios identificaran problemas con los contratos de trabajo. Es posible que las autoridades hayan utilizado estas medidas para perseguir a quienes podrían querer salir del país. El gobierno no implementó políticas para prohibir la fuerza, el fraude o la coerción por parte de los reclutadores de empleo extranjeros y las empresas estatales o controladas por el estado a cargo del reclutamiento y la retención de empleados, a pesar de las constantes denuncias de que funcionarios cubanos amenazaron y coaccionaron a algunos participantes para que permanecieran en programas de exportación de servicios profesionales patrocinados por el gobierno. El gobierno no explicó las normas laborales internacionales a los miembros de sus programas de exportación de servicios profesionales que trabajan en condiciones que podrían considerarse como trata de personas.
PERFIL SOBRE LA TRATA DE PERSONAS: Como se ha reportado en los últimos cinco años, los traficantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Cuba, y a víctimas cubanas en el extranjero. Los problemas de la trata de personas en Cuba se dividen en dos grandes categorías: el tráfico sexual y el trabajo forzado, y los programas de exportación de servicios profesionales patrocinados por el gobierno. El tráfico y el turismo sexuales, incluso de víctimas infantiles, se producen dentro de Cuba. Los traficantes explotan a ciudadanos cubanos en el tráfico sexual y el trabajo forzado en África, Asia, el Caribe, el Mediterráneo, América Latina y Estados Unidos. Los traficantes explotan a ciudadanos de África y Asia en el tráfico sexual y el trabajo forzado en Cuba para pagar deudas de viajes. El gobierno identificó a los niños, las mujeres jóvenes, los ancianos y las personas con discapacidad como los más vulnerables al tráfico de personas. Los expertos expresaron su preocupación por la población LGBTQI+ de Cuba y su vulnerabilidad al tráfico sexual, y la creciente vulnerabilidad de los migrantes económicos cubanos, incluyendo casos de jugadores profesionales de béisbol, al tráfico sexual y al trabajo forzado. El gobierno utiliza a algunos estudiantes de preuniversitario en zonas rurales para cosechar cultivos y no les paga por su trabajo, afirmando que este trabajo es voluntario.
Observadores internacionales y exparticipantes informaron que funcionarios del gobierno obligan o coaccionan a las personas a participar y permanecer en los programas de exportación de servicios profesionales del gobierno cubano, en particular el programa de misiones médicas en el extranjero, administrado por la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. El gobierno no ha abordado sus políticas de explotación, engaño y coerción en estas misiones, que son claros indicadores de la trata de personas. Según un informe del gobierno, a finales de 2020 había 56 brigadas del contingente “Henry Reeve” en 40 países con 4.941 trabajadores médicos, incluidos en los 30.407 trabajadores en 66 países. El programa de exportación de servicios profesionales empleó o emplea actualmente a profesionales en Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belice, Bolivia, Botsuana, Brasil, Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Yibuti, República Dominicana, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Etiopía, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haití, Honduras, Italia, Jamaica, Kenia, Kuwait, Lesoto, Liberia, Maldivas, Mauritania, México, Mozambique, Namibia, Níger, Nicaragua, Palaos, Panamá, Perú, Portugal, Qatar, San Vicente y las Granadinas. Lucía, San Vicente y las Granadinas, Arabia Saudí, Seychelles, Sierra Leona, Sudáfrica, Surinam, Tanzania, Timor Oriental, Togo, Trinidad y Tobago, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Venezuela y Zimbabue. Algunos departamentos o territorios de ultramar, como las Islas Vírgenes Británicas, la Guayana Francesa, Granada, Montserrat, Martinica y Turcas y Caicos, pueden tener trabajadores cubanos que pueden haber sido obligados a trabajar por el gobierno cubano. Las autoridades emplean a los trabajadores a través de contratos con gobiernos extranjeros y, en algunos países, con organizaciones internacionales que sirven de intermediarias o proporcionan fondos para su trabajo. Según el gobierno, el 75 por ciento de sus servicios profesionales exportados son de la salud. Los expertos estiman que el gobierno cubano recauda entre 6.000 y 8.000 millones de dólares anuales por su exportación de servicios, concretamente por el programa de misiones médicas en el extranjero. El gobierno ha declarado que las misiones son voluntarias, y algunos participantes también han afirmado que estas son voluntarias y mejor pagadas en comparación con los bajos salarios de Cuba, donde el salario básico para un médico es de 55 dólares al mes. En casi todos informes, los trabajadores reciben sólo una parte de su salario que oscila entre el 5 y el 25 por ciento, y se retiene en cuentas bancarias cubanas -a menudo en pesos cubanos en vez de la moneda fuerte que el gobierno recibe por sus servicios-, a las que se renuncia si el participante abandona el programa.
En 2021, y con el apoyo de una ONG internacional, 1.111 presuntas víctimas de la trata de personas presentaron una denuncia ante la Corte Penal Internacional y la ONU, alegando que el gobierno cubano era responsable de explotarlas y obligarlas a trabajar en los programas deexportación de servicios profesionales de Cuba. En la denuncia se afirmaba que el 75 por ciento de los participantes declararon no haberse ofrecido como voluntarios para las misiones, el 33 por ciento nunca vio un contrato, el 69 por ciento desconocía su destino final, al 38 por ciento los funcionarios cubanos les retiraron el pasaporte una vez que llegaron a su destino, el 76 por ciento tenía “cuidadores”, el 76 por ciento no podía entablar amistad libremente con los lugareños, el 79 por ciento tenía restricciones de movimiento, al 91 por ciento se le dijo que no podría regresar a Cuba si desertaba, el 75 por ciento sufrió amenazas o fue testigo de cómo se amenazaba a sus compañeros de trabajo y el 40 por ciento fue separado de sus hijos menores como castigo por desertar. El gobierno cubano reconoce que retiene los pasaportes del personal médico extranjero en Venezuela; el gobierno proporcionó tarjetas de identificación a este personal. Muchos miembros del personal médico cubano afirman que trabajan muchas horas sin descanso y que se enfrentan a condiciones de trabajo y de vida deficientes y peligrosas en algunos países, incluida la falta de condiciones higiénicas y de privacidad, y que se ven obligados a falsificar historiales médicos. Muchos profesionales de la salud denunciaron haber sufrido abusos sexuales por parte de sus supervisores. Aunque las misiones médicas siguen siendo las más frecuentes, el gobierno se benefició de otros programas de exportación de servicios profesionales de similar naturaleza coercitiva, que involucran a profesores, artistas, atletas, entrenadores deportivos, ingenieros, técnicos forestales y a casi 7.000 marineros mercantes en todo el mundo.
